Europa Press. 7 de mayo de 2012. La Unión de Consumidores de Andalucía  ha valorado el cambio de las competencias de consumo, desde Salud, período que, a su juicio, supuso, "un paso atrás" para las políticas de consumo, a la Vicepresidencia de la Junta y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, donde tendrá "un carácter transversal", mientras que Facua Andalucía pide que se cree una Secretaría General de Protección de los Consumidores y valora positivamente que la Vicepresidencia asuma las competencias en defensa de los consumidores y espera que se convierta en "una política social prioritaria".

   En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión de Consumidores, Juan Moreno, ha valorado los cambios en materia de consumo y ha recordado que la organización "fue muy crítica con la inclusión de las competencias de consumo en el ámbito de salud, pues creemos que las relaciones de consumo y mercado van más allá del área de sanitaria y de alimentación".

   Ha agregado que "de hecho, la mayor parte de lo que gestionamos se refiere a situaciones del ámbito financiero, bancario, telefonía o seguros, muy alejado de un ámbito como salud".

   "Incluirlo era situación superada, y la anterior legislatura nos pareció un paso atrás", ha agregado Moreno, quien, por tanto considera el paso a la Vicepresidencia como "una decisión tremendamente importante y beneficiosa para políticas de consumo y protección de consumidores".

   Asimismo, ha recordado que la Unión de Consumidores "pidió desde hace mucho tiempo que las competencias de consumo tuvieran carácter transversal y nada mejor con el vicepresidente como consejero y con la ubicación de las competencias en consumo en la consejería que va a llevar Diego Valderas, que incluye muchas competencias municipales y dará la transversalidad necesaria a las competencias de consumo, presente no solo en salud sino en medio ambiente, fomento o vivienda".

   Moreno ha recordado que a finales la anterior legislatura, las tres federaciones más representativas de consumidores, Unión de Consumidores, Facua y Al Andalus firmaron un pacto por la garantía de los consumidores, en un documento que "marca la hoja de ruta y establece carácter netamente transversal de las políticas de consumo". Ha indicado que esa propuesta de las tres federaciones "supera el escenario de subvenciones para trabajar con administraciones públicas en el ámbito de políticas concertadas".

  La Unión de Consumidores, que aboga por "establecer un plan de garantía de los consumidores", cree "tremendamente positivo" el paso de competencias, que "va en la línea de lo firmado con el presidente Griñán, se ha tomado buena nota de ese compromiso, donde se marca una hoja de ruta en las políticas de consumo".

   "Vivimos un momento especialmente delicado con la crisis que golpea a los consumidores, con gente desahuciada de sus domicilios, daciones en pago, corte de suministro de servicios básicos como agua o electricidad, por lo que se viven situaciones socialmente muy delicadas, por lo que creemos que en este escenario de crisis hay que trabajar para mantener mecanismos de cobertura sin que nadie se quede fuera de juego; lo que más nos preocupa es el impacto de la crisis en el consumo y la evolución de los usuarios", ha aseverado Moreno, quien destaca que Andalucía "está a la vanguardia de lucha de los consumidores".

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Sevilla, 20 de diciembre de 2011.La decisión del gobierno de Portugal de introducir el peaje obligatorio  en la autovía que recorre todo el litoral de la región del Algarve y une este territorio con el de la Comunidad Autónoma Andaluza, está provocando tras su aplicación un  tremendo malestar, no sólo en la citada región, sino también en Andalucía, al tratarse de una vía tremendamente transitada por ciudadanos de ambos países, que utilizan esta vía por motivos de trabajo, ocio o turismo, residencia, comercio.

            Ya desde un primer momento, la decisión del Gobierno de la República de Portugal producía tremenda sorpresa a ambos lados de la frontera, habida cuenta que su construcción, tanto de la mencionada autovía del Algarve, como su prolongación por territorio andaluz, hacia las ciudades de Huelva y Sevilla, había sido financiada con fondos europeos, orientados a unir y vertebrar territorios de regiones periféricas de la Unión Europeo que, con iniciativas como esta pretendían favorecer la integración y el desarrollo de estos territorios, por sus positivos efectos en el transporte, el comercio y la industria turística, con sus correspondientes efectos positivos sobre la actividad económica y el empleo.

            Desde la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE nos hacemos eco de este malestar, constatado, no sólo por la opinión negativa que muchos ciudadanos nos están trasladando sobre esta decisión meramente recaudatoria, sino también por los importantes problemas que se están comprobando en la aplicación logística y de puesta en funcionamiento de estos nuevos sistemas de peaje, con importantes defectos en materia de información orientación y asesoramiento sobre los sistemas de abono de estos peajes. Como organización ciudadana encargada de velar por el respeto de los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios, queremos denunciar la falta de vigilancia de las autoridades de la Unión Europea respecto de decisiones de Estados miembros, como el portugués, contrarias a los objetivos de políticas de vertebración de las euro-regiones, especialmente con relación a una especialmente periférica y económicamente deprimida, como lo es la conformada por las regiones de Algarve, Alentejo, Extremadura y Andalucía.

Aunque esta opinión contraria ya ha sido puesta sobre la mesa del Parlamento Europeo por el eurodiputado español Luis Yánez-Barnuevo que ha denunciado el carácter ilegal de la introducción de este peaje, desde la Unión de Consumidores de Andalucía, en representación de los intereses y derechos ciudadanos que representamos, nos dirigiremos, tanto al Gobierno de Andalucía, como al de España, para que denuncien y trasladen este malestar a las autoridades portugueses y a las de la Unión Europea y no permitan pasos atrás, que repercutan negativamente en comunidades especialmente sensibles a los efectos de la actual crisis económica. Entendemos además desde la Unión de Consumidores de Andalucía que se trata de una medida abusiva por sus negativas consecuencias para los más desfavorecidos en tiempos de crisis, como la que padecemos. Nos tememos, además, que el establecimiento de este peaje podría derivar en significativos aumentos de los precios de productos y servicios en esta zona, habida cuenta que estos costes acabarían trasladándose al conjunto de los consumidores y usuarios de nuestras regiones.

Por último, y en la medida de ser conocedores y conscientes como organización del tremendo rechazo que la medida genera entre la ciudadanía, hacemos un llamamiento a dejar constancia de este malestar solicitando hojas de reclamaciones en los puntos de gestión de estos peajes, instando a la retirada de inmediato de este peaje, por ser abusivo y contrario a las políticas de vertebración regional de la Unión Europea, ya que se financió con fondos estructurales de carácter público.