Pagar para que te olviden en Internet…

UCA-UCE DERECHO OLVIDO
Es de sobra conocido que las tecnologías de la información son capaces de gestionar cantidades de datos casi inasumibles para la mente humana, muchos de ellos personales, de las personas usuarias de una forma constante y casi ilimitada. Y también que los motores de búsqueda vinculados a ellas facilitan la exposición de la inmensa mayoría de dichos datos  a  casi cualquiera. Tales capacidades pueden ser observadas desde dos puntos de vista; por un lado estaría la universalización del conocimiento y la consideración de Internet como una base de datos global accesible para quienes cuenten con un simple PC conectado; y, por otro, la universalización de la desinformación o el bulo, ya sea de forma malintencionada o meramente accidental. Todo esto ha provocado que una nueva reivindicación cobre fuerza: el llamado “derecho al olvido”, que es el que asiste, o debiera asistir, a todo internauta para preservar su privacidad respecto a los datos que expone en cualquier página de Internet, ya sea esta un blog personal, una plataforma social o un servicio. Tal derecho, bajo nuestro punto de vista, también debiera ser extensible a los datos que exponen terceros, ya sean particulares o administraciones públicas….
Tenemos derecho a que se eliminen  los datos personales que aparecen sobre nosotros en Internet? ¿Tal eliminación debiera ser total o solo referida a los motores de búsqueda? Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el buscador Google, publicada y divulgada en mayo de este año, se ha pronunciado al respecto afirmando que la responsabilidad de evitar que tales contenidos sean visibles en las búsquedas la tienen los buscadores, y no el sitio web original donde se volcaron los datos sensibles. Y, como era de esperar, las reacciones a la sentencia europea han sido contrapuestas, poniendo asimismo de manifiesto que hacer valer tal derecho es dificultoso cuando menos. Desde la Asociación de Internautas se plantea que dicha sentencia puede generar más inseguridad jurídica al otorgar a las empresas de motores de búsqueda (Google, Yahoo, etc.) la potestad para elegir lo que debe ser visto en los resultados y lo que no. En cualquier caso, muchos buscadores han recibido en los últimos meses una importantísima cantidad de reclamaciones para que se desindexen los enlaces que afectan negativamente a la privacidad o reputación de muchos ciudadanos y colectivos. Y la controvertida sentencia ha hecho florecer una oportunidad de negocio para muchas empresas dedicadas a la protección de datos en la Red y que ante esta gran demanda han visto crecer exponencialmente sus actividades y beneficios. El rápido desarrollo de empresas como los portales Borrame.es o ePrivadidad dejan al descubierto que la protección fáctica de nuestro derecho a la privacidad se ha dejado en manos de la empresa privada en la UE, y que su ejercicio habrá de ser pagado como un servicio comercial de consumo más. 
Además, según la  propia sentencia del TJUE,  no toda la información de una persona usuaria en la red es susceptible de ser borrada. Google está obligado a desindexar de su lista los resultados de las paginas web o enlaces que albergan información perjudicial para un individuo siempre que éste lo solicite. A ello hay que sumar que el buscador haya sido obligado a cumplir con unos determinados plazos para atender las solicitudes, lo que se viene traduciendo en que sistemáticamente Google esté dilatando,  sin causa justificada convincente, los plazos para atender las solicitudes de los internáutas. Tal circunstancia ya ha sido comunicada a la Unión de Consumidores de Andalucía por diversas personas usuarias. Por otro lado, el buscador al que se reclame puede recurrir la petición ante la Justicia, con lo que el proceso de retirada puede alargarse de forma legítima.
Por ello, frente al previsible crecimiento de demandas de la ciudadanía para solicitar información y para cursar y tramitar sus quejas y reclamaciones, en la Unión de Consumidores de Andalucía hemos decidido ampliar nuestra oferta de servicios para atender las consultas y reclamaciones específica relacionadas con este derecho.

La nueva tarifa de la luz…por horas.

UCA-UCE CONTADOR

Demasiados impedimentos y gran complejidad técnica sería nuestra primera valoración a lo que el Gobierno de España ha ido adelantando respecto del nuevo sistema para la facturación de la electricidad que en breve pretende aplicar. Facturar por horas según los fluctuantes precios de mercado es abocar a los usuarios a un sistema inaceptable desde el punto de vista de la legislación de consumo: los usuarios sólo sabrían el precio de la electricidad a posteriori o muy cerca del momento de su consumo, con la incertidumbre que ello genera para gestionar un suministro de carácter básico en el que lo mínimo a tener en cuenta debería ser un precio cierto. Nos someterán a unos precios cambiantes por horas afectados por la volatilidad del mercado eléctrico. Ello supone el riesgo de que, en determinadas fechas de verano o invierno, ello se traduzca en alarmantes incrementos de la factura con diferencias brutales y gran alarma social. Calcular por horas hará casi imposible detectar errores en los recibos, debido a los miles de registros anuales y a las variaciones de precios, situando a los usuarios en un escenario de auténtica indefensión. Tampoco resultará atractiva la modalidad de “precio fijo anual” contemplada. Y es que quienes no deseen tener una factura tan volátil, podrán acogerse a una oferta alternativa anual que publicarán las comercializadoras en su web. Si bien esta oferta tendrá un precio constante durante todo el año, los gestores energéticos independientes apuntan ya que estas tarifas serán más altas que los precios que pagamos actualmente.

En este escenario nosotros seguiremos reiterando la necesidad de realizar una auditoria rigurosa e independiente del sector eléctrico, al objeto de analizar lo acontecido, así como poder conocer de futuro los costes reales del sistema, siendo estos datos hoy, imprescindibles para diseñar de futuro un sistema eléctrico más justo, que ponga fin al denominado déficit tarifario y evite que el mismo siga siendo la excusa para el incremento de la factura eléctrica. Igualmente, y en sintonía con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que considera que la puesta en marcha de la nueva fórmula de cálculo resultará muy “compleja”-, demandaremos la articulación de campañas informativas dirigidas a los usuarios con la necesaria participación de sus organizaciones representativas.