En tres años, la Administración andaluza ha reducido las partidas destinadas a las políticas de consumo un 20%.

La situación de crisis económica que padecen los andaluces hace necesaria una mayor protección de los consumidores y usuarios.

En la comparecencia parlamentaria que ha tenido lugar el 16 de noviembre, la Unión de Consumidores de Andalucía ha criticado duramente el Proyecto de Presupuestos que la Junta de Andaluía brinda a la política de consumo que son, como afirma su presidente, Juan Moreno, “de una escasa relevancia”.

     Según ha podido calcular UCE-Andalucía, este nuevo recorte supone que, desde el año 2008, los presupuestos destinados a defender a los consumidores se han visto reducidos en un 19,96%. Esto significa que en tres años han restado más de dos millones de euros a las partidas destinadas a defender los derechos de los consumidores y usuarios andaluces.

     Esta reducción coincide y confirma la preocupación mostrada por UCE-Andalucía tras el cambio de las competencias de consumo de la Consejería de Gobernación a la Consejería de Salud, ubicación anacrónica e inapropiada. Y es que, dada la gran dimensión de las atribuciones de la Consejería de Salud, UCE-Andalucía temía que las políticas de consumo pudieran quedar más diluidas tal y como se reflejan en el proyecto de presupuestos para el año 2010.
 
    En el actual contexto económico de crisis es aún más importante reforzar las políticas de consumo para aumentar las garantías de los consumidores, pieza clave en la solidez y la seguridad del mercado. En el presente marco, el ciudadano como consumidor o usuario debe sentirse más protegido que nunca para confiar que cada euro que invierte en la adquisición de bienes o la contratación de servicios va a tener la contraprestación esperada. 

    Además UCE-Andalucía considera urgente el refuerzo de los mecanismos de control en todos los niveles administrativos. Las inspecciones y, sobre todo, las medidas sancionadoras son una herramienta fundamental en la defensa de los consumidores. Reducirlos implicaría un claro  incumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno de Andalucía en su Plan Estratégico de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias 2008-2011.