Andalucía, 27 de diciembre de 2012. La Unión de Consumidores de Andalucía ha llevado a cabo esta mañana en rueda de prensa un análisis de lo que ha significado el año 2012 en materia de consumo. En datos generales, la federación de consumidores habla de un año difícilmente superable en el peor de sus sentidos ya que cuesta creer que los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios pueden verse más vulnerados de lo que se han visto este año.
El listado de críticas ha comenzado con la estafa de las participaciones preferentes, unos productos financieros que ha lesionado los intereses económicos de decenas de miles de afectados, tanto más cuando se trata de personas sin conocimientos financieros o bursátiles que han depositado su confianza en una entidad bancaria que, para obtener unos resultados determinados, han ocultado información fundamental a sus clientes engañándolos con un producto complejo: las participaciones preferentes. Ya existe alguna sentencia no favorable a los usuarios, pero la fecha no se han articulado soluciones para reparar este daño a los miles de afectados. En Andalucía, el gobierno andaluz anunció la apertura de expedientes sancionadores a las entidades implicadas, aunque a la fecha no haya hecho públicas las sanciones a dichas entidades financieras.
Siguiendo con el ámbito financiero, Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía ha denunciado los continuos abusos que se vienen sucediendo en el comportamiento de este sector y el imparable aumento de las comisiones que cobran a consumidores y usuarios. Moreno ha denunciado el malestar de la ciudadanía por este imparable incremento de las comisiones bancarias en un escenario donde además, los intercambios financieros entre los ciudadanos y empresas de un espacio económico común e integrado, como la Unión Europea, debería haberse traducido en un abaratamiento de los mismos. Pero la realidad no es esa y aunque se tome en consideración la libertad de la banca en la fijación del coste de sus productos, el presidente de los consumidores ha invitado al conjunto de usuarios a leer con atención las comunicaciones recibidas de sus entidades financieras, reaccionar y reclamar ante dichas entidades si algo sorprende o alarma y, estando en un mercado libre, perder el miedo a cambiar de banco si consideran excesivas las comisiones que les aplican.
De las entidades reguladoras estatales y comunitarias la Unión de Consumidores sigue echando en falta una decidida apuesta por poner orden en este sector -ávido continuamente de recibir ayudas públicas para el saneamiento de sus desaguisados-, así como una decidida apuesta por la construcción de un mercado financiero europeo único que abarate los excesivos costes que paga la ciudadanía en sus operaciones de pago.
Otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa es el de los desahucios, ya que para Unión de Consumidores resulta lamentable que ni el legislador español haya observado esta cuestión, como tampoco lo hayan hecho ni los notarios ni registradores que cobran por controlar que no existan cláusulas abusivas en los documentos que autorizan, ni el poder judicial que ha necesitado tener en la calle a miles de ciudadanos para reaccionar y posicionarse en contra de esta legislación.
Por todo ello, UCA-UCE ha vuelto a pedir la paralización inmediata de todos los procedimientos de desahucios que hay en todos los juzgados de España, a la espera del pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo, así como, un pronunciamiento urgente del Ministerio de Justicia sobre la posible cláusula abusiva.
Los representantes de la Unión de Consumidores también han criticado las subidas de los suministros básicos entre los que cobra especial relevancia la factura de la luz, un recurso que no hace sino aumentar su precio desde que se inició su proceso de liberalización. En opinión de la Unión de Consumidores, el gobierno sigue “haciéndole el juego a las eléctricas que son conscientes de que la electricidad es un suministro básico y los usuarios necesitan hacer uso de ella”. En este sentido, el Ministerio de Industria actual –tal y como han hecho los anteriores durante años– se está posicionando de manera clara y manifiesta del lado de los intereses empresariales, olvidando el interés general de la ciudadanía que es la que siempre termina pagando para que sólo unos pocos ganen.
Para terminar, los representantes de los consumidores hicieron referencia a los precios en el sector de las telecomunicaciones –en los que apenas hay competencia de manera que deben darse más sanciones como las que recientemente han recibido Movistar, Vodafone y Orange– y el de los carburantes –de manera que se establezcan políticas de estabilización ante la escalada de precios que complican las economías domésticas y que, además, encarecen el transporte–.
Por todo ello, la Unión de Consumidores de Andalucía ha pedido a las diferentes administraciones competentes más control, inspección y, sobre todo, sanciones ejemplarizantes ya que no es de recibo que se sigan acometiendo tales abusos en un contexto de crisis tan intensa como la que estamos atravesando.
