– Como organización de Consumidores y Usuarios entre nuestras obligaciones está la de representar y defender a los consumidores y usuarios de forma individual y colectiva;
– Nuestro objetivo, independiente del desarrollo judicial, es la participación desde el inicio a fin de dar cumplimiento a nuestra responsabilidad, sin entrar en acciones mediáticas y/o políticas. Por ello emitimos el presente comunicado a fin de dejar constancia de las acciones previstas.
– Nuestra pretensión final es la de conseguir establecer unos protocolos legislativos (o bandos de alcaldía) mínimos de seguridad, de obligado cumplimiento.
A la espera del atestado policial y las acciones judiciales pertinentes, nuestro cometido será el de iniciar la acción popular:
La acción o acusación popular es «la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata, por tanto, de una manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los Tribunales en que las pretensiones que se mantengan sean de interés público.
Acción popular se enmarca dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
Entre nuestras apreciaciones iniciales destaca la lógica de que los niños pretendan coger caramelos en el paso de una cabalgata, lejos de lo manifestado, como hecho imprevisible.
No se visualizan entre las emisiones de televisión de Onda Azul y Canal Sur los
voluntarios en cada carroza, únicamente los dos existentes, uno a cada lado, con chaleco reflectante. Incluso el vehículo inicial carecía de los mismos, suponiendo una medida totalmente insuficiente para esta celebración.
Además de otras tantas incidencias que ante lo emotivo de lo ocurrido no queremos incidir en ellas hasta que se vayan determinando las acciones judiciales.
Lo manifestado hasta el momento, y que los ciudadanos están percibiendo, es que los distintos responsables políticos, ante la falta de medidas y protocolos establecidos, no asumen responsabilidad alguna, sino que derivan las mismas a acontecimientos imprevistos debido a comportamientos humanos. Asimismo, las distintas áreas municipales están realizando afirmaciones y declaraciones contradictorias.
Nuestra organización no pretende judicializar previamente el proceso, solo establecer los mecanismos necesarios para que hechos de esta magnitud, responsabilidad de todos, no vuelvan a suceder.
Esta organización no está capacitada para afirmar si la cabalgata debió ser suspendida o no por razones técnicas, únicamente el motivo por el que se tomó la decisión. Los técnicos, en cuanto a medidas de seguridad, se han descalificado a sí mismos. Las medidas a adoptar en un futuro deben ser consensuadas.
Por lo expuesto, en este momento desconocemos la organización de la cabalgata 2013, así como su participación y coordinación. En un hecho como este, en el que todos los ciudadanos malagueños nos sentimos afectados y reflejados con el fatal desenlace, exigimos a los poderes políticos y organizaciones implicadas la verdad de lo ocurrido, que asuman responsabilidades con el único fin de que no se vuelva a repetir.
Hemos solicitado cita directamente con el Ayuntamiento de Málaga, a fin de
posicionarnos y participar activamente en el desarrollo del proceso con el único objeto de establecer los protocolos de seguridad solicitados.
