COMUNICADO

 
Andalucía 19 de julio de 2013. En el día de hoy, de forma coordinada, inspectores de consumo al mandato de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía se han personado tanto en las ocho oficinas provinciales de la Unión de Consumidores en Andalucía, como en las propias oficinas de la federación con el fin de realizar cuestiones de inspección en base a la adecuación de nuestras actuaciones a los mandatos contemplados en su nueva orden reguladora de unas subvenciones para el ejercicio 2013, convocadas, pero a la fecha aún no resueltas ni concedidas.

Se produce esta inspección después de que otra organización de consumidores –Facua- realizara infundadas denuncias de presuntas irregularidades en algunas oficinas de otras organizaciones de consumidores, como la nuestra. A este respecto, cabe preguntarse si la Consejería de Administración Local y Relaciones actúa al dictado de los intereses oportunistas y sectarios de Facua, organización que convierte en denuncia unas sospechas totalmente infundadas y sin base legal alguna, sobre un posible incumplimiento de la normativa vigente en materia de asociaciones de consumidores en Andalucía. Las actuaciones hoy realizadas se acometen ya por segunda vez  –en 2008 utilizaron sin éxito la misma estrategia provocando un despliegue de inspecciones cuyas actas fueron archivadas por carecer de fundamento legal alguno.

Una vez más Facua utiliza las mismas estrategias de extorsión hacia las decisiones del poder político, con el sólo objetivo de mantener un poder hegemónico, como el que ostenta en los últimos años, en la captación de recursos públicos. Persiste en actuar desde una perspectiva excluyente y sectaria persiguiendo el objetivo de configurar un mapa asociativo de consumidores y usuarios donde sólo exista su “pensamiento único” e intentando excluir cualquier pluralidad en este ámbito. Unas estrategias, dicho

sea de paso, que les suelen resultar muy rentables pues su repercusión mediática acaba condicionando en más de un caso las decisiones de muchas administraciones incluso empresas, en ese trato de favor, por “afinidad”, “para que no molesten”.

Lo auténticamente lamentable, como ha ocurrido en el día de hoy es que el poder político acabe plegándose y atendiendo siempre a las exigencias de la misma asociación que utiliza estas argucias cada vez que intenta condicionar las decisiones de asignación de recursos a las federaciones andaluzas de consumidores y usuarios para el desarrollo de las actuaciones de promoción de la defensa de las personas consumidoras y usuarias que constitucional y estatariamente tiene asignadas una sociedad civil plural y organizada.

Porque en los momentos de dura crisis que vivimos y de falta de recursos para la inspección de muchos sectores conflictivos, la Unión de Consumidores de Andalucía considera que la inspección de Consumo debe estar para velar por los intereses de los consumidores y usuarios andaluces, realizando inspecciones en los sectores más problemáticos del Consumo como lo son las entidades financieras, las telecomunicaciones, el sector energético o la decidida lucha contra las actividades ilegales dentro de la economía. Lo realizado esta mañana es considerado por nuestra organización como un malgasto de recursos públicos puestos al servicio de los intereses particulares de una asociación de consumidores con el fin de agradarle en sus postulados, con el único fin de que “untados” se callen.
 
Además, desde nuestro punto de vista, entendemos que esas inspecciones pueden ser irregulares dado que sobre la base que se han realizado, esto es, bajo los criterios a cumplir en las Órdenes de Subvenciones autonómica y provinciales no podrían haberse realizado dado que no existe ni siquiera propuesta de resolución de las citadas subvenciones. Por tanto, si no hay conocimiento de concesión de subvenciones no estamos obligados a cumplirlas muchos meses antes de que sean aceptadas por organizaciones sociales como la nuestra.
 
La Unión de Consumidores de Andalucía, ante esta persecución a la que nos estamos viendo sometidos desde esta semana, ha solicitado una reunión con el titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas con el fin de trasladarle nuestro malestar al respecto, explicarle la absoluta legalidad del conjunto de organizaciones que conforman esta federación de consumidores, con casi 30 años de existencia, y de trasladarle que estaremos muy pendientes de la adjudicación de subvenciones que se haga en materia de Consumo en Andalucía, en donde no vamos a permitir ningún trato de favor hacia otra organización que reiteradamente utiliza estas argucias excluyentes.

Tampoco vamos a permitir que nadie pisotee el trabajo realizado por tantos hombres y mujeres durante más de tres décadas, contribuyendo al desarrollo e implantación de una organización, como la Unión de Consumidores de Andalucía que, al día de hoy goza del reconocimiento de importantes sectores de la sociedad andaluza, porque así libremente lo han decidido.
 
Finalmente, lamentar que, como organización andaluza de consumidores, trabajadora y cómplice de las políticas de Consumo en nuestra Comunidad Autónoma, nos veamos perseguidos y tratados de forma tan injusta y casi “inquisitorial”, como ha ocurrido en el lamentable episodio provocado en el día de hoy por la Junta de Andalucía, donde hasta algunos de los funcionarios inspectores nos han trasladado su bochorno y malestar por verse obligados a realizar actuaciones como esta frete a la legítima y libre sociedad civil organizada.