Cuando se cumplen 31 años desde que la Organización de Naciones Unidas proclamó el 15 de Marzo como Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cobra renovada vigencia el planteamiento de que las personas consumidoras en su globalidad son el grupo mayoritario de la economía que afectan y se ven afectadas por las decisiones económicas públicas y privadas. Dos tercios del gasto total de la economía provienen de las personas consumidoras, pero son el único grupo importante de la economía no organizado y cuya opinión es, a menudo, ignorada.
El actual sistema económico, basado en el austericidio, el recorte de derechos sociales e inmerso en una carrera por maximizar sin límites beneficios, producción y mercados, sitúa a la ciudadanía andaluza y a la del resto del Estado en una doble posición de desigualdad: como personas trabajadoras producimos y aportamos valor a bienes y servicios sin participar directamente en los beneficios de su comercialización; y como personas consumidoras nos vemos incitadas a adquirir esos mismos bienes y servicios de manera compulsiva y en unas condiciones impuestas y abusivas en no pocas ocasiones.
Todas estas circunstancias hacen indispensable la intervención decidida del poder público que ha de planificar la actividad económica y regular un mercado insaciable por naturaleza. Todo ello con un objetivo claro: la defensa y la garantía de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. No son los mercados sino el pueblo andaluz quien directamente y a través de sus instituciones, Administración y representantes democráticos tienen el poder de decisión acerca de su futuro, fijando límites a quienes sólo persiguen el beneficio a toda costa y atajando de raíz cualquier atisbo de fraude, conducta desleal o menoscabo de competencias.
Precisamente, como Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales queremos reconocer el papel fundamental que, en el ejercicio de las competencias que le son propias en materia de consumo, desempeñan las entidades locales andaluzas con sus Oficinas Municipales de Información al Consumidor y, en su caso, Juntas Arbitrales de Consumo. Por ello rechazamos y combatimos cualquier medida que como la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pretendan atacar a la Administración más próxima a la ciudadanía.
En este momento, cobran especial relevancia acciones dirigidas al control de los mercados llevadas a cabo de manera permanente por la Inspección de Consumo; a la vigilancia de la seguridad de los productos potencialmente peligrosos; a la resolución de controversias a través de la mediación o el arbitraje de consumo; o a la formación e información a las personas consumidoras a través de plataformas como “Consumo Responde”. De entre todas ellas debe destacarse una acción normativa que supondrá un hito en la historia de la protección de los derechos de las personas consumidoras en Andalucía: la próxima aprobación de un Decreto del Consejo de gobierno que permitirá el resarcimiento a la persona consumidora del daño causado por una actividad empresarial ilícita. Hasta ahora las conductas empresariales se saldaban con una multa pero la persona perjudicada no veía reparado el daño. Con la norma que pronto verá la luz, se harán posibles ambos aspectos: sancionar a quien incumple e indemnizar a quien padeció el incumplimiento.
No obstante lo anterior, en un modelo económico basado en el consumo y en el que las personas consumidoras son, al mismo tiempo indispensables para el funcionamiento del mismo pero insignificantes individualmente consideradas, resulta fundamental contar con un movimiento asociativo consumerista fuerte y organizado. La existencia de organizaciones consumeristas democráticas, participativas, independientes, sin ánimo de lucro, con presencia activa e implantadas en todo el territorio andaluz, resulta esencial para reequilibrar las relaciones de consumo. Dichas organizaciones, por su peso específico en la defensa de los derechos de ciudadanía, están llamadas a participar en el proceso de conformación del nuevo modelo productivo y diálogo social andaluz.
Hoy, Día Mundial de las personas consumidoras es la fecha en la que la Vicepresidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Administración Local quiere hacer un llamamiento a las andaluzas y los andaluces consumidoras y consumidores todos para que construyamos conjuntamente una Andalucía libre de fraudes, con plena garantía de las derechos de las personas y capacidad de decidir nuestro futuro en cuanto somos origen, fundamento y finalidad de toda actividad económica. Este es nuestro reto y nuestro compromiso.
En Andalucía, a 15 de marzo de 2014.
