Lo normal hasta ahora era que la gestión del agua le fuera encargada a los ayuntamientos. Sin embargo, los efectos de la crisis también se han dejado notar en este ámbito y el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por toda Andalucía los procesos de privatización de este suministro de forma que, aunque el agua sigue siendo pública, la gestión se adjudica a una empresa privada que se hace con la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Un montante de dinero que, puntualmente alivia las arcas municipales pero que, a la larga, se convierte en lo que algunos califican ya como “destrozo de lo público”, malvendiendo al sector privado aquello que vale dinero y era eficiente. No se está reparando en las consecuencias de este proceso y compañías privadas, sin competencia local, se hacen con un mercado en el que a partir de este momento podrán operar en régimen de monopolio y en el que contarán con unos usuarios seguros y permanentes. Al calor de este nuevo negocio del agua, sustitutivo para algunos del “ladrillo” están acudiendo tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras que, para entrar en este juego suelen tener detrás una entidad bancaria que les financie. Así, el dinero que el Banco Central Europeo ha prestado al 1% supuestamente para salvar al sector financiero, lejos de servir para aumentar el crédito a familias o empresas, se estaría intencionadamente utilizando en este desmantelamiento de lo público.
El problema para los consumidores es que, la entrada de la empresa privada no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia, sino todo lo contrario, inconvenientes pues este nuevo modelo de gestión público-privada a la larga será más costoso para los usuarios que verán paulatinamente incrementada su tarifa. La empresa privada será además poco dada a la constitución de órganos reguladores, a respetar los ciclos de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, o a la elaboración de indicadores de calidad de gestión, lo que representará una importante pérdida de control de las administraciones y de la ciudadanía a través de organizaciones representativas como esta UCA-UCE.
