Andalucía genera la mitad del fraude en el juego en España
- La ONCE, la Junta de Andalucía y la Unión de Consumidores refuerzan su cooperación contra una actividad ilegal que suma más de 40 millones.
Cádiz, 3 de junio| El impacto del juego ilegal en la provincia de Cádiz ha crecido en un 67% en los dos últimos años, generando un fraude que suma más de 26,4 millones de euros, según el informe que ha entregado hoy el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, al delegado del Gobierno la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil.
Cárceles ha mantenido esta mañana un encuentro con el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, responsables de la Jefatura Provincial de la Policía Autonómica, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno y el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz Anillo, a quienes han expresado su “máxima preocupación” por el crecimiento del impacto del juego ilegal en Cádiz y en Andalucía y han entregado el último informe con los datos del juego ilegal en la comunidad autónoma.
Andalucía absorbe casi la mitad –más del 48%- de todo el juego ilegal que opera en España, que cuenta con 1.202 vendedores en situación irregular, de los 3.726 que hay a nivel nacional, y que mueve unas ventas que superan los 40,3 millones de euros de los casi 84 que suma en España.
Cádiz ha registrado en cambio un incremento notable de operadores de juego con un aumento del 67% en términos de ventas con respecto a 2011 –más de 26,4 millones de euros-, y un 51% más de vendedores ilegales, que suponen 717 vendedores en la provincia. En la actualidad, Cádiz representa el 65,7 % del juego ilegal que se genera en Andalucía y el 31,5 % del total en España.
En Andalucía el juego ilegal generó en el último año unas ventas fraudulentas de más de 40,3 millones de euros con 1.202 vendedores que venden de forma ilegal este tipo de juegos que operan al margen de la legalidad vigente.
En 2011, el número de vendedores en la comunidad autónoma era de 848 personas que producían unas ventas por valor de 26,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento en ventas del 53’17% y un aumento del número de vendedores ilegales del 41’75%.
Un fraude y una estafa
Para la ONCE, es precisa una actuación “contundente” de la Junta de Andalucía contra las actividades de los operadores ilegales porque suponen actuaciones con clara competencia desleal que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las Comunidades Autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores, según ha denunciado el delegado territorial de la ONCE.
“Existe una intención cierta de lucro a expensas de los colectivos más vulnerables de la sociedad”, subrayó Cárceles, quien agradeció al Gobierno andaluz su implicación en la lucha contra el juego ilegal.
La ONCE y la UCA-UCE lideran una apuesta decidida por el juego responsable y la seguridad en el trabajo de las personas con discapacidad, según destacó Juan Moreno . “Luchamos juntos contra el juego ilegal porque son actos de engaño a los consumidores que les genera una absoluta indefensión sin ningún tipo de control sobre el volumen de ventas, la emisión de papeletas, el porcentaje de premios, o la certeza de los sorteos. Y no puede ser – afirmó – que la excusa de la crisis pueda justificar ni dar amparo o cobertura a prácticas ilícitas”.
Durante 2013 la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía ha presentado 236 denuncias y ha puesto a disposición judicial a un total de seis personas por presuntos delitos relacionados con el juego ilegal, según el último balance de las actuaciones en la provincia de Cádiz de esta unidad policial. Y en lo que va de 2014 las actuaciones han ido a más porque desde enero al 31 de mayo ya se han intepuesto 107 denuncias y se han icautado cerca de 64.000 boletos
El delegado de la Junta de Andalucía reiteró la necesidad de seguir luchando contra el juego ilegal por el fraude que supone para la Hacienda Pública, consumidores, y organizaciones del sector. En este sentido, Fernando García se comprometió a seguir persiguiendo estas actividades ilícitas a través de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía.
Entre las medidas que propone el informe del juego ilegal para su erradicación, se pide que se inicien los expedientes administrativos y judiciales que sean necesarios contra las asociaciones que ejercen el juego ilegal por carecer de la debida autorización administrativa y que se actúe contra las personas que ejercen la venta de productos ilegales y contra los centros de producción de boleto ilegales con el cierre y precinto de estos lugares.
También se juzga necesario actuar contra los canales de distribución utilizados y que la ONCE pueda ser parte interesada en aquellos expedientes administrativos o judiciales que puedan ser incoados a cualquiera de los operadores ilegales intervenidos. Se pide además que se cree un Observatorio y una comisión de seguimiento de lucha contra el juego ilegal.
