Las organizaciones sociales andaluzas firmantes del manifiesto ‘Compromiso Social por el Progreso de Andalucía’ se han reunido esta tarde en sesión plenaria para aprobar y hacer pública su ‘Declaración en defensa del empleo, de los derechos laborales y sociales y de los servicios públicos. Contra los recortes en derechos sociales y la reforma laboral’.
El presidente de UCA-UCE ha presentado el acto donde se ha hecho pública la declaración, cuya lectura ha corrido a cargo del periodista y escritor Juan José Téllez. Los máximos representantes de todas las organizaciones también han intervenido para explicar las razones del documento y reiterar su defensa del empleo, los derechos sociales y los servicios públicos en Andalucía. Sevilla, 21 de marzo de 2012. La declaración presentada denuncia que “la derecha está dinamitando los pilares de la Europa Social, y con sus políticas de ajuste está provocando una recesión económica que supone más paro y más pobreza en los últimos años” al tiempo que critica que “el primer paquete de medidas impuestas supongan recortes y no exista ninguna para reactivar la economía y el empleo”.
El texto respaldado por las organizaciones sociales andaluzas alerta de que “con la reforma laboral se han puesto en marcha otras medidas y recortes en materia de participación social, dependencia, protección de los consumidores y otras prestaciones y garantías sociales que afectan al conjunto de la ciudadanía y que profundizan en su desprotección y amplían la desigualdad social”. Por eso, la declaración recoge que “las organizaciones sociales de Andalucía respaldan la convocatoria de huelga general convocada por las organizaciones sindicales en rechazo de la reforma laboral impuesta por el Gobierno y su política de recorte de derechos y servicios públicos”. Al término de la lectura de la declaración los representantes de cada una de las organizaciones sociales firmantes han intervenido para explicar los motivos del documento y reiterar su posicionamiento en defensa del empleo, los derechos sociales y los servicios públicos en Andalucía así como manifestar su apoyo a la huelga general del 29-M.
Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, insistió en que con las políticas de recortes presupuestarios se están poniendo en peligro los derechos sociales y los servicios públicos básicos. Por ello, Moreno apostó por “garantizar los derechos de los consumidores como derechos sociales básicos, articulando políticas públicas de protección de los mismos que respondan a los mandatos constitucional y estatutario, con un sistema de protección que evite los abusos y garantice la regulación y el control de los mercados y el apoyo a sus organizaciones representativas”. A continuación, el texto completo de la declaración presentada. DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE ANDALUCIA En defensa del empleo, de los derechos laborales y sociales, y de los Servicios Públicos. “Contra los recortes en derechos sociales y la reforma laboral”. Para las organizaciones firmantes siguen existiendo, si cabe, aún más motivos que antes para seguir expresando su compromiso con la defensa y consolidación del modelo de protección social, y con medidas que reactiven la economía y generen empleo, garantizando que fluya el crédito y llegue a familias, Pymes, Autónomos y, muy especialmente, a las empresas con principios y valores de economía social. La derecha está dinamitando los pilares de la Europa Social y con sus políticas de ajuste está provocando una recesión económica que supone más paro y más pobreza para los próximos años.
Estas políticas sólo benefician a una minoría y a un sector financiero especulativo y voraz, que son quienes han provocado la crisis actual y los responsables de que la misma siga agravándose, poniendo en peligro el Estado del Bienestar e impidiendo que el crédito llegue a las familias, las Pymes y Autónomos, siendo ésta la principal causa de destrucción de empleo y cierre de empresas. En este sentido, la UE capitaneada por Alemania, está presionando a los países miembros para que acometan recortes presupuestarios brutales y, a su vez, pongan en marcha reformas laborales que, como la dictada por el Gobierno de España, suponen un golpe mortal para el empleo y la negociación colectiva. Las movilizaciones que se han desarrollado en estos días y los actos que puedan convocarse en las próximas semanas, así como la convocatoria de la HUELGA GENERAL tienen como objetivo principal el cambio de estas políticas, porque existen y son necesarias otras alternativas que contribuyan a la reactivación económica, la generación de empleo, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la protección de los más débiles En España el nuevo Gobierno ha entrado como elefante en cacharrería, efectuando recortes presupuestarios y anunciando y concretando reformas que suponen recortes salvajes en los derechos laborales, sociales y civiles. En el primer paquete de medidas impuestas, todas ellas, suponen recortes y no existe ninguna para reactivar la economía y el empleo: Se congela el salario mínimo (641 euros, el más bajo de Europa). En el sector público se suspenden la tasa de reposición de las bajas y las ofertas de empleo público, con el objetivo de reducir la Administración para privatizar los servicios públicos. Se deroga la ayuda al alquiler para la emancipación de los jóvenes. Se recorta la inversión en I+D, siendo ésta clave para que la economía sea más competitiva y sostenible. Se desmantelan estructuras de control de los mercados y de protección de los derechos y garantías de los consumidores.
Y lo más preocupante, han concretado un recorte de 15 mil millones de euros y han anunciado que en los presupuestos de 2012 éstos llegarán hasta los 40 mil millones, lo que provocará más recesión, más paro, menos consumo y pondrá en peligro los servicios públicos (sanidad, enseñanza, atención a la dependencia, protección por desempleo…). La reforma laboral supone un ataque al diálogo social por parte del Gobierno Central, y representa un golpe sin precedentes a los derechos de los trabajadores conquistados en la etapa democrática:
Amplía las causas por las que el empresario puede aplicar el despido objetivo. Se acaba de hecho con el despido improcedente. Todos y todas a la calle por 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.
Los despidos colectivos no necesitarán de la autorización de la autoridad laboral. Se acaba con la posibilidad de negociar alternativas o mejoras.
El empresario puede cambiar las condiciones sustanciales del trabajo (salario, jornada, horario, funciones…) con una simple comunicación, sin dar más opciones que aceptar o marcharse con una indemnización inferior a la del despido objetivo.
Las empresas pueden desvincularse del convenio colectivo sectorial para negociar uno propio, individualizando las condiciones de trabajo: ¿qué fuerza tendrán los trabajadores de una pequeña empresa para negociar condiciones de trabajo?
Las empresas podrán dejar de aplicar cualquier condición pactada en los convenios colectivos, ya sea jornada horario, salario u otras sin negociación: descuelgue por imposición.
Crea un contrato temporal de tres años, que tendrá un período de prueba de un año de duración. Aunque este contrato se denomina indefinido, sólo servirá para que en las estadísticas parezca que se crean contratos fijos.
Discrimina a las personas en paro sin prestaciones. Además de otros incentivos, las empresas se beneficiarán del 50% de la prestación por desempleo de los trabajadores en paro. Por este motivo, las empresas elegirán a quienes estén cobrando el paro, condenando a la exclusión social a las personas sin prestaciones.
Transcurridos dos años desde el fin de la vigencia de un convenio colectivo, si no se renueva, éste deja de aplicarse, perdiéndose todos los derechos conquistados: supresión de la ultraactividad.
TODAS las Administraciones podrán despedir a sus trabajadores por causas económicas, organizativas, técnicas o de la producción, con la misma facilidad que en el sector privado.
Al impedir que las Administraciones puedan usar la suspensión temporal de los contratos, se obliga a éstas a despedir.
Las personas en paro que cobren prestaciones serán obligadas a hacer tareas en beneficio de la comunidad (colaboración social) ocupando puestos de trabajo que podrán ser de los empleados públicos despedidos.
Se somete a las personas jóvenes a trabajar con salarios indignos, temporalidad y precariedad hasta los 33 años, como mínimo.
Con las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) se privatizan los servicios públicos de empleo, autorizando a que puedan intermediar y gestionar las políticas de empleo, generando discriminación y creando un negocio privado con los parados. Junto con la reforma laboral se han puesto en marcha otras medidas y recortes en materia de participación social, dependencia, protección de los consumidores y otras prestaciones y garantías sociales, que afectan al conjunto de la ciudadanía y que profundizan en su desprotección y amplían la desigualdad social. Con las políticas de recortes presupuestarios se están poniendo en peligro los derechos sociales y los servicios públicos básicos, como ya está ocurriendo en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha política (PP y CiU). Por ello, tenemos que defender con toda firmeza:
Un Sistema Sanitario Público, de provisión pública, universal y gratuito, sin listas de espera, rechazando firmemente el copago.
Suficiente dotación de recursos para la mejora del sistema público educativo, que garantice la igualdad efectiva en el acceso a la educación.
Seguir desarrollando el sistema de atención a las personas dependientes y fortalecer los servicios sociales, al objeto de poder atender las bolsas de pobreza, que de manera alarmante están creciendo en todas las poblaciones como consecuencia de la crisis.
Garantizar el derecho de acceso a la vivienda protegida a todas las personas con recursos económicos limitados y avanzar a través de una política de rehabilitación de barrios y núcleos urbanos, hacia una ciudad más sostenible y habitable.
Garantizar la protección económica a todas las personas desempleadas y las políticas activas de empleo para ayudarles en su integración social.
Garantizar el mantenimiento de nuestro sistema público de pensiones, que se financia con las cotizaciones sociales de los trabajadores y tiene asegurada su viabilidad presente y futura; por eso rechazamos la pretensiones de la derecha y de la banca de privatizarlo para organizar con ello un gran negocio lucrativo.
Garantizar los derechos de los consumidores como derechos sociales básicos, articulando políticas públicas de protección de los mismos que respondan a los mandatos constitucional y estatutario, con un sistema de protección que evite los abusos y garantice la regulación y el control de los mercados y el apoyo a sus organizaciones representativas. Los derechos sociales y laborales que hoy disfrutamos, junto con los servicios públicos, no son fruto de la generosidad de los poderosos, sino el resultado de muchos años de lucha de millones de personas organizadas; por ello, hoy estamos todas las organizaciones sociales unidas para hacer frente a la ofensiva ultraliberal que quiere reducirlos a la mínima expresión. Sólo a través de las movilizaciones ciudadanas podremos condicionar las decisiones del poder político y propiciar los cambios necesarios. Así, las organizaciones sociales de Andalucía respaldan la convocatoria de HUELGA GENERAL convocada por las organizaciones sindicales, en rechazo de la reforma laboral impuesta por el Gobierno y su política de recorte de derechos y servicios públicos, planteadas como únicas soluciones sin alternativas posibles. Nuestros esfuerzos, nuestra visión crítica y nuestro papel organizativo van dirigidos a conseguir un modelo económico más sostenible y socialmente responsable. Todo ello para avanzar hacia una sociedad más participativa, justa e interesada por lo público, por la libertad y por la igualdad de todos y todas.
