1.- Poner de manifiesto el rechazo de todos los integrantes de la Plataforma a la Ley de Tasas Judiciales, y al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, por su incidencia negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas, ya que ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar gravemente y en muchos casos dejar fuera
de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.
Entendemos que la grave situación estructural de la administración de justicia, agravada por la falta de medios personales y materiales, nunca debe resolverse a costa de un nuevo marco legal que en la práctica supone una limitación del acceso de los ciudadanos a la justicia conculcando el derecho a
la tutela judicial efectiva.
2.- Oponernos a la implantación de estas medidas, que imponen traves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en la primera instancia. Todo ello, como un paso más de la estrategia gubernamental, dirigida a incrementar el poder de dirección empresarial que potencia la nueva reforma laboral y que limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y la lesión de sus derechos.
3.- Rechazar el establecimiento de tasas judiciales a los sindicatos como legítimos representantes de la tutela y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, cuando actúan en representación y defensa de los intereses colectivos de aquéllos; rechazar igualmente la implantación que se impone a
los empleados públicos y a los propios sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y manífestar total oposición a cualquier intento de supresión de su legítimo derecho a la justicia gratuita.
4.- Combatir el veto que supone al acceso' a la justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, seguridad, reparación de daños y perjuicios y legítimos' intereses económicos, reconocidos en el artículo 51 de nuestra Constitución, como principio rector de la política social y económica del Estado.
5.- Defender con todos los medios democráticos a nuestro alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía. Bienes, servicios, derechos y libertades que con la excusa de la reducción del déficit público, están siendo atacados y cercenados, lo cual ha
provocado la oposición de innumerables colectivos sociales, incluidos los operadores jurídicos.
6.- Aunar voluntades y elevar las correspondientes propuestas alcanzadas sobre la reforma de la Justicia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y al Gobierno, para que puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta las iniciativas de los ciudadanos y de todos los operadores sociales y jurídicos.
Dada la vocación de trabajo conjunto, y el deseo de contar con la representación de todos los sectores de la sociedad, la Plataforma queda abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sindicatos, corporaciones, etc., tengan interés en unir sus voces para elaborar una nueva propuesta de modelo de Administración de Justicia.
