– Los consumidores no pueden ser los únicos que asuman el encarecimiento del agua.
– Las administraciones deben tener en cuenta medidas que reduzcan el impacto económico sobre los usuarios domésticos.
Sevilla, 21 de noviembre de 2008. En relación al Acuerdo por el Agua que la Junta pretende cerrar el próximo 4 de diciembre, la Unión de Consumidores de Andalucía considera necesario el consenso entre todos los operadores y agentes socioeconómicos sobre la financiación de las inversiones previstas para la mejora de las infraestructuras hidrológicas en la comunidad autónoma. Sin embargo, UCE-Andalucía exige un compromiso análogo por parte de todos los agentes implicados de manera que no sean exclusivamente los usuarios domésticos los que sufraguen los costes derivados de dichas inversiones.
Así se lo ha trasladado a Jaime Palop, director de la Agencia Andaluza del Agua, al que ha manifestado que el consumo doméstico no puede tener un tratamiento diferente del que se dé a los usos rentistas que, en opinión de UCE-Andalucía, deben asumir el encarecimiento del agua de manera proporcional al beneficio que obtienen de dicho recurso y de las infraestructuras para su gestión.
Con relación al canon que se prevé en el Acuerdo Andaluz por el Agua, UCE-Andalucía ha hecho una serie de reivindicaciones que van desde la contemplación de una tarifa social que garantice el derecho al agua, a la penalización de consumos excesivos, pasando por la aplicación de factores correctores en función del número de habitantes en la vivienda o la aplicación de dicho canon de manera progresiva en el tiempo. La norma ya recoge algunas de estas reivindicaciones, hecho que UCE-Andalucía valora positivamente.
Sin embargo, UCE-andalucía exige que se definan de manera homogénea, por un lado, los criterios de precios y bloques para el conjunto del territorio andaluz que eviten las desigualdades existentes en la actualidad y, por otro, los de diferenciación en la aplicación del canon previsto que eviten que se dé una doble imposición (ciudadanos que paguen de nuevo por el coste de infraestructuras que ya han sufragado a través de los cánones de mejora).
Además, UCE-Andalucía demanda que las medidas contributivas se apliquen equitativamente, de manera proporcional y simultánea a todos los usos. Tal y como los usos rentistas del agua han exigido financiación pública para la modernización y rentabilización de sus explotaciones, los suministros domésticos deberían contar con planes o fórmulas de ayuda a la financiación de la sustitución de contadores y modernización de instalaciones comunitarias para optimizar sus consumos frente a una estructura tarifaria e impositiva que va a penalizar los excesos, todo ello de forma complementara a las necesarias inversiones públicas en mejora de redes que minimicen las pérdidas reduciendo su repercusión en los precios.
Por todo ello, UCE-Andalucía ha reclamado a la administración que dote a las entidades sociales de los recursos necesarios para poner en marcha los instrumentos de divulgación e información necesarios para explicar a la ciudadanía, en este contexto de crisis, las medidas que se diseñen para que sean asumidas de la manera más pacífica y responsable.
