Andalucía, 27 de mayo de 2013. La Unión de Consumidores de Andalucía ha puesto su red de oficinas en las ocho provincias a disposición de los afectados por las preferentes de Bankia que tengan pensado firmar el convenio de arbitraje propuesto desde el Instituto Nacional de Consumo (INC).
Habida cuenta de que una vez firmado este convenio se rechaza toda posibilidad de acudir a la vía judicial, UCA-UCE recomienda encarecidamente a los afectados que se asesoren convenientemente a través de un profesional ya que los formularios y la documentación implican cierta complejidad y la ciudadanía no conoce en qué consisten los diferentes procedimientos del arbitraje o las consecuencias de adherirse a este en concreto.
En cualquier caso, el importe que fija el convenio es el máximo al que se llegaría en el mejor de los casos pero no tiene por qué corresponderse con la cantidad que finalmente recuperará el afectado pudiendo verse dicho montante considerablemente reducido.
UCA-UCE ya ha criticado en varias ocasiones la actitud del INC frente a los afectados por las preferentes de Bankia a los que les ha plateado un sistema arbitral privado con muchísimas limitaciones (donde la evaluación de los criterios para poder acudir al arbitrale los realiza KPMG, lo que supone un desprecio a los sistemas públicos de arbitraje de Consumo) y escasas ventajas para los estafados que acceden a una forma de solución de conflictos que, aunque extrajudicial, no es universal para todos los afectados, ni imparcial ni económica.
Así, para una mejor tramitación de cada expediente, aconsejamos ir asesorados plenamente dado que al tramitarse por vías privadas estos expedientes de reclamación, es decir, por las sucursales de Bankia y bajo los criterios de KPMG, el afectado por este engaño, si no tramita debidamente su expediente de arbitraje, al excluirse la vía judicial, excluye cualquier solución para recuperar su dinero.
Una vez más, desde la Unión de Consumidores de Andalucía entendemos que este no era el camino para dar solución a este asunto y debería por parte de estas entidades soportadas con capital público deberían hacer devolución de los importes de las preferentes sin necesidad de acudir a la vía arbitral para ello.
