Entendemos que la crisis económica no puede servir de excusa para los recortes en materias de consumo –que siguen siendo prácticamente ninguneadas a pesar de ser tan “sociales” como la educación o la sanidad por ejemplo–, sino que obliga a hacer esfuerzos extraordinarios para atajar el aumento de las conductas desaprensivas o abusivas en los mercados y mejorar la formación, información y defensa de las personas consumidoras y usuarias.
Andalucía, 20 de noviembre de 2013. Ayer el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno Rodríguez, expusó ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía la opinión de nuestra entidad respecto al Proyecto de Ley 9-13/PL-000005, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Tal comparecencia es habitual en cada curso político al dictado de lo que marcan tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que reconocen el papel como agentes sociales de primer orden de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
En general, Juan Moreno valoró de forma positiva que en el Presupuesto que se ha sometido a nuestra consideración se dé relevancia a las políticas sociales relacionadas con la sanidad, la educación o la dependencia y que éstas representen el 82% del gasto previsto total, pues entendemos que sólo de esa forma se pueden aminorar o paliar las vulnerabilidades y sufrimientos que la crisis económica, y determinadas políticas de “consolidación fiscal” o de “fortalecimiento de sector financiero”, están provocando en las capas más desfavorecidas de la población. Sin embargo, en la Unión de Consumidores de Andalucía echamos de menos una planificación económica estructural de futuro, a mucho más largo plazo, que debiera plantearse a partir de la identificación de los nuevos y reales patrones de crecimiento de la economía andaluza.
Además, la Unión de Consumidores de Andalucía observa con preocupación que los recursos presupuestarios destinados a garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias andaluzas son sustancialmente recortados, algo que pone en duda la verdadera consideración como “sociales” de las políticas que habrán de utilizar tan exiguos recursos y que evidencian que el I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, suscrito por la Junta de Andalucía con las federaciones de consumidores y usuarios más representativas de nuestra Comunidad Autónoma, se ha quedado en una mera declaración de buenas intenciones sin compromisos reales ni voluntades de avance significativos. Desde nuestro punto de vista, el incumplimiento de dicho Pacto y el nulo avance en las mencionadas políticas concertadas son a todas luces evidentes.
Asimismo, consideramos que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige las competencias de consumo, se aferra a unas políticas de subvenciones en concurrencia competitiva, claramente injustas y obsoletas en sus planeamientos, que son de muy conflictiva aplicación en la práctica pues propician la arbitrariedad–cuando no la interpretación caprichosa de quienes las administran– frente a la fórmula de concertación que nuestra entidad defiende.
En otro orden de cosas, la Unión de Consumidores de Andalucía también planteó ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía la necesidad de un mayor impulso de la concertación como instrumento para reforzar el papel de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas de consumo, la participación y el fomento del asociacionismo, la promoción del Sistema Arbitral de Consumo y la mediación de consumo, la suficiente dotación presupuestaria para apoyar las políticas de consumo en el ámbito de la Administración Local, la calidad, el control de mercado y la inspección, así como la formación e información de las personas consumidoras en nuestra Comunidad Autónoma.
En definitiva, la Unión de Consumidores de Andalucía estima que la crisis económica no puede de servir de excusa para los recortes en materias de consumo, que siguen siendo prácticamente ninguneadas a pesar de ser tan “sociales” como la educación o la sanidad por ejemplo, sino que, al contrario, obliga a hacer esfuerzos extraordinarios para atajar el aumento de las conductas desaprensivas o abusivas en los mercados y mejorar la información y defensa de las personas consumidoras y usuarias.
