Con esto se está dando la espalda al carácter de servicio público de un transporte ferroviario vital para el desarrollo y cohesión socioeconómica del Estado Español, mercadeando con unas infraestructuras financiadas con fondos públicos y anticipando una liberalización que se va a beneficiar de las inversiones efectuadas con dinero de toda la ciudadanía sin que de entrada, y vista la experiencia en otros sectores, permita augurar una competencia que mejore el servicio y abarate los precios.
Dicho sistema de fijación de tarifas, en la medida en que no se establezcan límites parejos a las actualmente establecidas, va a suponer un encarecimiento encubierto de las mismas, haciéndolas inasequibles para usuarios de perfil medio-bajo, que se verán discriminados por su capacidad económica para acceder al servicio en las fechas y horarios en que lo precisen.
En opinión de UCA-UCE no se puede extrapolar el ejemplo de las líneas aéreas por cuanto éstas ni son empresas públicas ni prestan sus servicios en régimen de monopolio como aún ocurre en el transporte ferroviario. De hecho, la implantación de líneas de alta velocidad han minimizado los servicios convencionales sobre los mismos trayectos, eliminando posibles alternativas más asequibles.
