La pretensión del Gobierno es moderar los precios pero la propuesta legislativa en este sentido puede servir como coartada para incrementos desaprensivos de precios, inasumibles para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas respecto a productos y servicios básicos como la energía, el transporte, la telefonía o las aguas.
Andalucía, 23 de septiembre de 2013. La Unión de Consumidores de Andalucía rechaza frontalmente la pretensión del Gobierno de eliminar la vinculación de la inflación con la fijación de precios y servicios regulados como el transporte, la luz o el teléfono, eliminando toda referencia al IPC en los contratos públicos a partir del de enero de 2014. El Gobierno quiere que la modificación de precios, que es casi siempre funciona hacia el alza, pueda ser justificada sin limitación alguna por los costes del gestor del servicio o la empresa. El proyecto de Ley de Desindexación, que podría ser aprobado a finales de septiembre en consejos ministros, puede suponer la derogación de todas las referencias en las leyes estatales, autonómicas y locales a subidas vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Aunque quedarían excluidos de la norma las pensiones, los impuestos, los instrumentos financieros y la negociación salarial colectiva de los funcionarios, a la Unión de Consumidores de Andalucía le preocupa que los precios de productos y servicios básicos como la energía, el transporte, la telefonía y las aguas, así como la cuantía de tasas, sanciones y contratos público de alquiler, encuentren en tal modificación legislativa una coartada para incrementar los precios de forma inasumible para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
El gobierno excusa esta reforma en su intento de fomentar “ una cultura de la moderación”, pero mucho nos tememos en la Unión de Consumidores de Andalucía que solo de sirva de argumento de para la subidas en precios fundamentales que darán lugar, sin duda, a gran conflictividad social en todo los ámbitos.
