Andalucía, 19 de febrero de 2014. Hoy se aprueba en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Unos cambios que, desde el punto de vista de nuestra organización, se quedan a medio camino en cuanto a la regulación que esperábamos que saliera de este trámite parlamentario. En este sentido, vemos como positivas determinadas medidas que se van a regular como lo es la obligación de entregar las facturas en soporte papel sin coste adicional salvo que el usuario preste su consentimiento para que sea en formato digital. Igualmente son aspectos a destacar la necesidad de confirmación por escrito de los contratos telefónicos y la ampliación de derechos en el caso de las compras realizadas fuera de establecimiento mercantil, con un aumento de la información a ofrecer y del plazo de desistimiento que pasará de 7 a 14 días.
Ahora bien, hay aspectos en esta nueva legislación que entendemos que se han quedado cortos. El más importante de todos ellos es el relativo a la falta de regulación de las sanciones resarcitorias, es decir, la obligación por ley de resarcir de un daño a las personas consumidoras y usuarias cuando se ha producido una conducta sancionada como infracción en materia de Consumo. Esto provocará lo que viene sucediendo hasta ahora que es que muchos incumplimientos de las grandes empresas sean económicamente rentables dado que el consumidor para obtener el resarcimiento del daño causado tenga que acudir a la vía judicial. Por tanto, volvemos a insistir desde UCA-UCE en la necesidad de abordar en el trámite del Senado este cambio sustancial e importantísimo para el conjunto de los consumidores y usuarios.
También echamos en falta una apuesta clara en el texto que sale del Congreso en cuanto a los medios extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de Consumo. No se fomenta en el articulado de una manera clara el Arbitraje de Consumo que está consiguiendo importantísimos logros para la resolución de los conflictos entre consumidores y empresas.
Igualmente, insistimos en la improvisación con la que se está llevando a cabo la reforma del sector eléctrico en este país. Esta nueva regulación, con la inclusión de una enmienda que obliga a la oferta de una tarifa plana a las compañías eléctricas para dar cobertura al nuevo sistema de facturación eléctrica a partir del mes de abril es un ejemplo claro más de cómo se está realizando esta reforma en cuanto a la participación de los consumidores se refiere, con una especial garantía de participación que demandamos como Unión de Consumidores, en cuanto a servicios o suministros de carácter básico. En resumen, se trata de una norma con muchos matices a modificar y esperemos que en la continuación del trámite parlamentario sean aclarados estos aspectos tan importantes para el conjunto de los consumidores y usuarios de este país.
