Andalucía, 3 de enero de 2012. La Unión de Consumidores de Andalucía le ha trasladado al ministerio de Sanidad su preocupación por la sucesión de noticias sobre el elevado número de mujeres que han recibido –con carácter estético o reparador tras patología– las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP), declaradas como ilegales por emplear en su composición sustancias no autorizadas con fines sanitarios y por su elevado riesgo de rotura, a pesar de lo cuál, en España no han sido prohibidas hasta 2010.
Esta situación está provocando que las posibles afectadas estén trasladándonos su más que razonable inquietud y temor, sabedoras ya de las circunstancias de tales implantes, cuya genotoxicidad nadie garantiza que esté descartada, y cuya circulación y utilización en cauces legales nadie ha impedido en nuestro país, ni ha sido objeto del necesario seguimiento por la ausencia de los registros de incidencias recomendados por la UE.
Por todo ello, y siendo conocedores de las medidas adoptadas por el Gobierno Francés que va a cubrir los costes de explantación de las prótesis a las afectadas (y la reimplantación en los casos de reconstrucción post-cáncer), la Unión de Consumidores ha pedido al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento que les informe de las medidas que van a adoptar, las evidencias conocidas sobre las circunstancias y características de las citadas prótesis y la predisposición gubernamental a asumir las responsabilidades que de la omisión de su labor de tutela pudieran derivarse.
