- Las telecomunicaciones son el sector más reclamado.
- A las empresas les resulta rentable incumplir la normativa en España.
- La universalización de la banda ancha y la paralización del canon digital son otras de las reivindicaciones de los usuarios.
Sevilla, 16 de mayo de 2010. Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (también llamado Día de Internet) que se celebrará mañana lunes 17 de mayo, la Unión de Consumidores de Andalucía quiere mostrar las preocupaciones en relación a un sector que encabeza, desde hace varios años, el ranking de quejas y reclamaciones.
En palabras de Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, “el sector de la telefonía fija y móvil e Internet incumple de manera sistemática y reiterada la normativa sin que por parte de las administraciones competentes se lleven a cabo sanciones ejemplarizantes que eviten que las prácticas abusivas y fraudulentas sean la tónica general”.
Según Moreno, la publicidad engañosa que oculta datos fundamentales es una práctica generalizada entre las empresas que, debido a las sanciones tan ínfimas que reciben, “consideran mucho más rentable incumplir la normativa en materia de publicidad, garantías o protección de datos”.
Además, España sigue siendo de los países que más caro pagan la banda ancha, un servicio que, tal y como indican desde la Unión de Consumidores, “se debería haber universalizado hace años”. Según la federación de consumidores, “el precio que pagan los usuarios de las telecomunicaciones no responde a la calidad que estos reciben” padeciendo, además, “múltiples deficiencias y prácticas irregulares como el phising, los SMS Premium o el incumplimiento de las garantías”. Prácticas todas ellas que ponen de manifiesto la necesidad de que las administraciones competentes refuercen los servicios de control, inspección y, sobre todo, sanción.
Por último, la Unión de Consumidores exige, a raíz del informe del Tribunal de la Unión Europea que cuestiona la legalidad del llamado canon digital, se paralice el pago de este impuesto hasta que se clarifique una cuestión que, de dar la razón a los usuarios, desbordaría a las administraciones que tendrían que devolver las cantidades pagadas de manera injustificada.
