18 de enero de 2011.La Comisión Nacional de la Competencia ha incoado un expediente sancionador contra tres operadoras telefónicas (Telefónica Móviles, Vodafone y Orange) por aplicar "precios excesivos" en la transmisión de mensajes cortos SMS y MMS. El organismo ha detectado un posible abuso de posición de dominio, al aplicar precios excesivos en los servicios mayoristas de originación y de terminación de mensajes cortos.
La Unión de Consumidores valora este procedimiento abierto por Competencia como una muestra más de la falta de mecanismos que sometan a las compañías de telefonía a cumplir con la legislación vigente. UCE viene denunciando de manera reiterada los abusos en materia de precios, contratación, atención al cliente y servicio ofrecido a los usuarios. De hecho, el sector de telecomunicaciones es el que más reclamaciones y consultas genera en nuestras oficinas.
Tal y como se desprende de la información proporcionada por Competencia, ahora se abre un periodo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. Esto demuestra que para poner fin a los abusos reiterados del sector de las comunicaciones, hay que sumergirse en procedimientos judiciales extremadamente largos, tediosos y sin la seguridad de que se vaya a atajar posiciones dominantes y abusivas por parte de las grandes compañías.
Del mismo modo, la Unión de Consumidores quiere insistir en que es necesario un verdadero mercado liberalizado en el sector de las telecomunicaciones. Sin un mercado que permita una competencia real de precios, los derechos de los usuarios continuarán en manos de las grandes compañías telefónicas.
Por estos motivos, la Unión de Consumidoresinsta al Ejecutivo y a los organismos responsables a poner en marcha los mecanismos necesarios para obligar a las teleoperadoras a cumplir con la legalidad vigente y garantizar el mercado de la libre competencia en el sector de las comunicaciones. Así mismo, exige que los procedimientos sancionadores y judiciales que se emprendan contra estas compañías sean rápidos y efectivos. De esta manera se podrán garantizar los derechos de los usuarios de estos servicios.
