La Unión de Consumidores valora esta propuesta ya que por fin encaja jurídicamente la situación que hasta el momento estábamos viviendo, esto es, un fallo del Tribunal Constitucional contrario al Estatuto de Autonomía y la expiración del convenio que hasta el momento regulaba las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma. De hecho, esta federación apoya el objeto de esta ley porque persigue garantizar la continuidad y la normalidad en lo que se refiere a la prestación de los servicios hidráulicos y que no afecta a otras comunidades autónomas.
Además, la Unión de Consumidores considera que la sentencia del TC truncaba la trayectoria jurídico-social que ha amparado las competencias de un río tan andaluz como lo es el Guadalquivir y que se sostiene en el consenso mayoritario que obtuvo la reforma del Estatuto en el Parlamento, la aprobación en el Congreso de los Diputados y el refrendo de la ciudadanía en el referéndum.
Por otra parte, y en esta línea debe desarrollarse este Proyecto de Ley, la firma del Acuerdo por el Agua de los diferentes agentes económicos y sociales en febrero de 2009 pone de manifiesto el carácter social de la norma en la que la Unión de Consumidores espera que la participación de la ciudadanía a través de sus representantes legítimos sea una constante.
