Andalucía, 26 de julio de 2012. El continuo recorte presupuestario a la Ley de la Dependencia practicado por Rajoy deja en el aire la viabilidad de un servicio, "un derecho", que ha permitido en los últimos años "dar carta de ciudadanía" a un colectivo hasta ahora marginado. Un recorte que ha puesto en pie de guerra a las organizaciones sociales, sindicales y, por supuesto, a los propios afectados.
Más de 196.000 andaluces reciben en estos momentos la ayuda a la dependencia. Los recortes pueden suponer la pérdida de servicios, la exclusión social de estas personas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. El sector emplea en nuestra comunidad a 78.000 trabajadores, en su mayoría mujeres que hasta ahora no habían conseguido incorporarse plenamente en el mercado laboral.
La situación es "muy grave" y por eso las asociaciones que integran Compromiso Social para el Progreso, entre ellas la Unión de Consumidores de Andalucía, han mantenido este jueves un encuentro con el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en busca de su mediación y apoyo a sus reivindicaciones.
“En momentos de crisis, el mantenimiento del sistema de dependencia constituye todo un necesario ejemplo de solidaridad social que esta sociedad no puede permitirse eliminar”, ha afirmado Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. “Dejar desasistidos a los dependientes, a las familias, empresas o instituciones que realizan la noble tarea de su cuidado es un importante retroceso”. El sistema de atención a la dependencia tuvo su origen en un amplio acuerdo social y político y, tal y como ha afirmado Moreno, “cualquier actuación de reforma o recorte del mismo requiere siempre la salvaguarda de ese consenso social”.
Los representantes de las organizaciones sociales han entregado al Defensor del Pueblo andaluz un manifiesto en defensa de la ayuda a la dependencia en el que piden al Gobierno central propiciar un amplio acuerdo social y político "para hacer las reformas que pudiera necesitar la Ley". Exigen, además a Rajoy, que reponga el derecho subjetivo y universal y mantenga los servicios de la dependencia con la suficiente garantía financiera como para asegurar su sostenibilidad.
