El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía critica que las tarifas especiales de ahorro solo favorezcan a los turistas y se olvide a los colectivos económicamente más vulnerables.
Andalucía, 1 de agosto de 2017.- El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA) muestra su desacuerdo con los precios públicos aprobados para el metro de Granada porque considera que no se ajustan a criterios económicos objetivos, reproduciéndose el método utilizado para la fijación de las tarifas de los transportes metropolitanos de Málaga y Sevilla, sin que se haya facilitado a este órgano un informe económico suficiente que respalde estos importes.
Este máximo órgano de consulta y participación de los consumidores de Andalucía, integrado por las asociaciones de consumidores ADICAE-Andalucía, AL-ANDALUS, FACUA Andalucía y UCA-UCE, señaló negativamente, sobre el expediente de Solicitud del Sistema Tarifario de Metro de Granada, que el Ayuntamiento de la ciudad no tuviese la suficiente sensibilidad para aprobar títulos de transporte que faciliten el acceso a los colectivos ciudadanos económicamente más vulnerables y con más necesidades de transporte, como los mayores de 65 años y los estudiantes, entre otros, y sin embargo sí se hayan previsto títulos que faciliten el acceso a los turistas.
El Consejo considera que esta carencia de tarifas y abonos sociales supone una acentuación en la desigualdad por motivos económicos en la utilización de un transporte público, que viene a mejorar las posibilidades de movilidad de la ciudadanía, y plantea que se establezcan tarifas bonificadas para las personas con menos ingresos.
Otros aspectos con lo que el CPCUA ha mostrado su desacuerdo han sido la existencia de una diferenciación de precio respecto a la utilización del transbordo desde el consorcio o desde el transporte metropolitano de Granada, siendo deseable que los precios y condiciones de los distintos usuarios del servicio sean uniformes, así como que los trasbordos entre los distintos medios de transporte público que funcionan en la ciudad fueran genéricamente gratuitos, permitiendo y fomentando la intermodalidad.
Finalmente, la fijación de un importe por la adquisición del soporte de cartón o de PVC de los billetes, que supone un sobrecoste diferenciado respecto a la tarifa, también ha sido otro motivo por el que el Consejo se ha opuesto a la implantación de estas tarifas, ya que la expedición del título de transporte es un elemento inherente al propio contrato de transporte, que no tiene que ser asumido por el usuario, máxime cuando este coste se establece sin retorno. El cobro de este importe también se produce en los servicios de metro de Málaga y Sevilla, y en ambos casos ha sido rechazado de manera contundente por el CPCUA.
