Andalucía, 15 de marzo de 2013. Las tres federaciones consumidores y usuarios más representativas de Andalucía: la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-ANDALUS; la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, insisten en visibilizar las situaciones de indefensión de una ciudadanía andaluza que no hace sino padecer un retroceso en el ámbito de las garantías de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, lo que supone un clima efectivo de desprotección.
Y es que a diario sobran los ejemplos, tal es el caso de las familias que pierden sus viviendas, o que se encuentran indefensas e impotentes ante la contratación de productos financieros fraudulentos o de dudosa legalidad (participaciones preferentes, subidas desproporcionadas e injustificadas de las comisiones bancarias, etc.); las sucesivas crisis alimentarias en las que las autoridades competentes se posicionan de parte del sector de los grandes grupos de la industria alimentaria y no de los consumidores; o las irregularidades y reiteradas subidas que se producen en la prestación de suministros esenciales como el gas, el agua o la luz.
Todo ello pone en evidencia que pese al virtual poder de las personas consumidoras y usuarias, éstas aún continúan siendo el eslabón débil de la cadena a merced de las decisiones de las grandes empresas y corporaciones. Entidades que siguen operando de manera injusta e irregular contando, en muchos casos, con el beneplácito de las administraciones, acentuando el aumento del desequilibrio en el mercado y la desprotección de unos consumidores que parecen tener que asumir una realidad desproporcionada y que le ataca de manera reiterada, con el único fin de aumentar los ya de por sí pingües beneficios de las grandes empresas que, mientras siguen cometiendo abusos y fraudes, no son sancionadas por ello.
Uno de los ejemplos más flagrantes de esta permisividad con las empresas lo hemos vivido con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha puesto de relieve la incompatibilidad de la legislación hipotecaria española con la normativa europea, nacional y autonómica de protección al consumidor. Resulta lamentable que un problema tan grave en nuestro país como el de los desahucios haya tenido que llegar hasta Europa, para que el Gobierno por fin reconozca la necesidad de corregir esta situación, a pesar de la insistencia de ciudadanía, consumidores y organizaciones sociales, que incluso han promovido una recogida de más de un millón y medio de firmas para una ILP sobre dación en pago.
Lejos de contrarrestar este retroceso en la balanza de las relaciones de las empresas con los consumidores, las administraciones públicas no están ejerciendo con la suficiente vehemencia su labor de control, inspección y regulación sobre las empresas. De hecho, las administraciones competentes en materia de Consumo –de las que se presupone esperar la consecución de un mercado equilibrado y justo– en las escasas ocasiones que se atreven a imponer sanciones (que, por otro lado, y en la mayoría de los casos, resultan irrisorias) no suelen hacerlas públicas, de manera que no trascienden las empresas ni las marcas que incumplen la normativa. Con esta actitud tan opaca, las administraciones están privando a la ciudadanía de datos e informaciones fundamentales a la hora de comprar un bien o contratar un servicio, mermando considerablemente uno de los derechos fundamentales del consumidor: a una información clara y veraz.
Y mientras hay empresas que parecen operar impunemente incumpliendo por sistema la legislación vigente, la ciudadanía tiene que asumir los gastos de las tasas judiciales si opta por defender sus derechos en los tribunales, con la entrada en vigor de la Ley de Tasas judiciales, una clara limitación en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de derecho, que limitando las posibilidades de tutela judicial efectiva, deja fuera de las posibilidades reales del acceso a la justicia a amplios colectivos sociales, como el de consumidores y usuarios.
Para terminar, las tres federaciones más representativas de consumidores y usuarios en Andalucía han instado a la Administración Autonómica a que desarrolle de una manera real y efectiva el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, un documento sin desarrollo alguno desde que fue suscrito a principios del pasado año.
AL-ANDALUS, FACUA Andalucía y UCA-UCE consideran que es urgente y necesaria la implantación de este pacto para lograr un nuevo modelo de consumo y de desarrollo económico más racional, sostenible y equilibrado. Además, y a través del impulso de las políticas concertadas, se debe materializar el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales que contempla el Estatuto de Autonomía tales como los de consulta, participación y representación a través de las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y reconocidas como más representativas.
