PSOE-A y la Unión de Consumidores, por el mantenimiento de las políticas sociales en Andalucía

Andalucía, 18 de septiembre de 2012. Esta mañana, la sede de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE ha acogido la reunión de responsables de esta entidad con el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, acompañado de Verónica Pérez (secretaria de Política Institucional) y Miriam Alconchel (secretaría de Política Social e Inmigración).

Tras reunirse con el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, y su vicepresidente, Miguel Ángel Ruiz, los representantes de ambas entidades han atendido a los medios de comunicación.

En su intervención, Juan Moreno ha denunciado la falta de sensibilidad que ha mostrado el Gobierno Central con la subida del IVA que, al traducirse en un aumento medio del gasto por familia de entre unos 470 y 500 euros, ha hecho “que muchas familias que sólo cobran en torno a 400 euros para subsistir, literalmente pierdan el sueldo de un mes”. Moreno también ha aprovechado para pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía un esfuerzo por el mantenimiento de las políticas sociales que contrarresten, de un modo u otro, “las terribles consecuencias que la actual situación de crisis económica está provocando en la ciudadanía”.

Por su parte, Mario Jiménez, además de reconocer la labor que “desde hace años y con una intachable profesionalidad viene realizando la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE”, ha mostrado una gran preocupación por las medidas del Gobierno de España que “está exigiendo el sacrificio de la gente normal y volcando el peso de la crisis sobre las víctimas de ésta”.

Los responsables de PSOE-A y UCA-UCE, tomando en consideración que prestaciones sociales básicas como la sanidad o la educación son competencias de las Comunidades Autónomas, han puesto de manifiesto las nefastas consecuencias de una política de “asfixia económica” hacia Andalucía o de un reparto desigual de recursos entre diferentes comunidades autónomas, con lo que ello puede suponer de retroceso en materia de cohesión social y de que todos los ciudadanos seamos iguales en derechos y prestaciones sociales con independencia del lugar donde residamos.