Málaga, 27 de Julio de 2010 (EFE). Las reclamaciones a las empresas de alquiler de coches y autocaravanas aumentaron un 44 por ciento en 2009 con respecto al año anterior, por lo que la Junta de Andalucía realizará una campaña hasta finales de septiembre para vigilar que éstas respetan los derechos que asisten a los consumidores.
Los inspectores de Consumo de la Junta controlarán como mínimo un centenar de establecimientos de este tipo repartidos por las ocho provincias andaluzas con el objetivo de evitar posibles abusos contra los usuarios, según informa un comunicado de la Junta.
Dentro de los establecimientos que serán objeto de inspección durante esta campaña están incluidos los que ofrecen servicios en aeropuertos, estaciones e incluso en aquellos talleres de reparación de vehículos que ofrezcan alquiler de coches, dado que en ocasiones cuentan también con este tipo de prestaciones.
Del centenar de inspecciones que se efectuarán como mínimo en establecimientos de alquiler de vehículos de Andalucía, está previsto que los inspectores de Consumo hagan 8 en Almería; 15 en Cádiz; 9 en Córdoba; 12 en Granada; 7 en Huelva; 8 en Jaén; 20 en Málaga, y 21 en Sevilla.
Los incumplimientos en los precios, la desatención a los consumidores y las cláusulas abusivas son los motivos más frecuentes que están detrás de las denuncias presentadas por los usuarios.
Los inspectores de Consumo solicitarán al establecimiento inspeccionado ejemplares firmados de cada uno de los tipos de contrato que se oferten por parte de dicha empresa y en ellos se prestará especial atención a la inclusión de cláusulas abusivas y la utilización de prácticas desleales.
El consumidor tiene derecho a contar con una información clara sobre el precio final del servicio, incluyendo impuestos, así como sobre los conceptos que integran la cantidad total que deberá abonar el usuario.
Las sanciones recogidas en la normativa andaluza por la presencia de cláusulas abusivas en los contratos y por la detección de prácticas fraudulentas que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden llegar a los 30.000 euros, al considerarse infracciones graves.
