- La plataforma confía en que el debate final del proyecto de ley, que llega hoy al pleno del Parlamento, mejore aspectos del texto como evitar el riesgo de externalización o privatización de servicios, la definición de la dotación financiera, la generación de empleo de calidad o la inclusión de población extranjera exiliada o refugiada residente en Andalucía como titular del derecho a los servicios sociales.
- Entre las prestaciones garantizadas, considera fundamental que se incluyan el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.
Sevilla, 14 de diciembre de 2016. — Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, plataforma en la que se integra la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), considera que el Sistema de Servicios Sociales en nuestra comunidad se debe constituir como un sistema de naturaleza, gestión y responsabilidad pública, que dé respuesta a las necesidades sociales: con garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales de las personas que los prestan; y lo desarrolle de manera sostenida: con financiación estable en el tiempo, donde se integren todos aquellos recursos, acciones y prestaciones necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, valora positivamente que hoy llegue al pleno del Parlamento Andaluz un documento que da relevo a una normativa con tres décadas de existencia, respondiendo así a los cambios sociales en la región y adecuándose a los derechos sociales recogidos en el actual Estatuto de Autonomía.
No obstante, considera que el texto final debe corregir algunas deficiencias observadas durante el proceso de elaboración:
- La Ley debe evitar la privatización y externalización de servicios, mejorando los mecanismos de transparencia en la provisión de servicios de la iniciativa privada, y en cualquier caso apostando por la provisión pública directa, tanto de las corporaciones locales como de la Junta de Andalucía.
- El proyecto carece de memoria económica que comprometa la financiación real, lo que dificulta que se garantice el derecho universal de todas las personas a los servicios, centros y prestaciones en condiciones de igualdad; y, sobre todo, deja en el aire este derecho cuando diferencia entre prestaciones condicionadas y prestaciones garantizadas. Para esta plataforma es fundamental que estas últimas no queden bajo el principio de estabilidad presupuestaria que introduce el proyecto de ley, y entre ellas deben figurar el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.
- Compromiso Social para el Progreso de Andalucía también considera inexcusable incluir como titulares del derecho a los Servicios Sociales a las personas extranjeras que, encontrándose en Andalucía, tengan la condición de exiliados, refugiados o apátridas de acuerdo con lo que se establezca en la legislación vigente y en los Tratados y convenios Internacionales y, en su defecto, con el principio de reciprocidad. Así mismo, es ineludible que quede reflejado con claridad las vías para poder atender a personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa.
- El texto definitivo de la Ley debería mejorar otras indefiniciones, como los mecanismos de participación ciudadana; el contenido mínimo para cada una de las prestaciones recogidas en el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía; las competencias de las administraciones locales sobre los servicios sociales; o la inclusión de un sistema que, desde la Ley, permita a las administraciones públicas velar y garantizar la calidad y eficiencia del servicio.
- Desde la plataforma se apuesta igualmente por la incorporación de cláusulas sociales como medida transversal a todos los órganos de contratación del sector público andaluz, así como por restringir el papal excesivo que el proyecto de ley otorga al Consejo de Gobierno.
