INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA REGULAR LA RENTA BASICA PARA LA INCLUSION EN ANDALUCÍA
Esta Iniciativa tiene por objetivo dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos y patrimoniales suficientes para abordar los gastos mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un empleo que les permita vivir con dignidad.
Por ello hablamos de conformar un Sistema andaluz de Renta Básica, que por una parte reconozca el derecho estatutario a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, con arreglo a lo dispuesto en la ley, y por otra parte eliminar el riesgo de exclusión social, personal y laboral, facilitando la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes, para que los derechos sociales puedan ser ejercidos de forma efectiva.
La Renta Básica se concibe como una prestación específica de carácter económico orientada a promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, garantizando en todos los casos la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
El concepto de exclusión social que pretende atender esta prestación responde a una acepción amplia, no sólo identificable con procesos de marginación social de dimensión individual, sino fundamentalmente con la condición más objetiva de la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, es decir, del estado de necesidad que compromete los requerimientos de subsistencia y que imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales.
La pobreza y la exclusión social es una situación que viene siendo persistente en nuestra sociedad, ya que incluso en épocas de crecimiento económico la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de Andalucía no ha bajado del 27,7% del año 2005, habiendo subido en 2013, último dato disponible, hasta el 38% (según criterios de la estrategia europea 2020), suben, también, hasta el 74% los hogares andaluces que tienen dificultad para llegar a fin de mes, según los datos de la encuesta de condiciones de vida de 2013.
Pero, además hay que considerar la distribución de la tasa en función de variables como la edad, que señala a las personas menores de 16 años como las que tienen mayor riesgo de exclusión, ya que ni en el mejor año (2005) han bajado del 31%, y que en 2013 la tasa es del 45%.
Hay que añadir el gran incremento de la tasa en más de cuatro puntos entre las personas en edad de trabajar, y que en el segmento de edad entre los 16 y 24 años crece mas de 7 puntos.
La pobreza y la exclusión social de los menores afectan de forma directa al futuro desarrollo de la propia sociedad andaluza, y es un problema que necesita actuaciones urgentes.
Por último señalar la caída del 11% del Umbral de la pobreza en Andalucía, entre 2009 (máximo de la serie) y 2012 (ultimo dato), significa un empobrecimiento generalizado de la población andaluza, a lo que hay que añadir que la distribución de la riqueza es cada vez menos equitativa, cada vez hay menos personas que acumulan una mayor parte de la renta nacional, como consecuencia del desempleo, de la reducción de los salarios y un injusto sistema fiscal.
El crecimiento del desempleo y de la reducción de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo debido al paro de larga duración, arroja en la EPA (media de 2º trimestre de 2014) datos muy alarmantes; son mas de 963.000 las personas paradas que no cobran prestaciones por haberlas agotado, hay mas de 500.000 hogares con todos sus miembros parados en los que viven mas de 1.087.000 personas; de estas mas de 280.000 viven en hogares con todos sus miembros en paro y no reciben prestaciones, pensiones o subsidios, de las cuales 65.459 son menores de 16 años.
Esta tendencia al aumento de la pérdida de las prestaciones del Sistema de Protección por Desempleo seguirá incrementándose con toda seguridad en los próximos años debido a que cada vez son más las personas que se encuentran en situación de paro de larga duración y no encuentran un empleo.
Esta situación exige una actuación urgente por parte de la Comunidad Autónoma para proteger a estas personas y a sus familias.
Otro de los factores importantes a tener en cuenta es el crecimiento de la precariedad laboral que ha subido de forma alarmante como consecuencia de la reforma laboral, así, en los dos últimos años ha supuesto la bajada de los salarios en mas del 10%, el crecimiento de la tasa de la contratación a tiempo parcial, la contratación eventual por horas, y la destrucción de empleo fijo. Sirva como ejemplo que la caída del empleo a tiempo completo ha sido del 14% en este periodo.
Todo ello unido al incremento de las tasas y la presión fiscal sobre la clase trabajadora está provocando que, cada vez, mayor número de personas con empleo se vean afectadas por la pobreza.
Esta situación es especialmente grave entre las mujeres que son las que tienen empleos más precarios. La tasa de riesgo de pobreza en mujeres supera en algo más de un punto y medio a la tasa de los hombres, es especialmente grave la situación de pobreza cuando las unidades de convivencia están sustentadas por mujeres en solitario. Esta diferencia manifiesta la necesidad, también, de considerar las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión como una apuesta por la igualdad de género.
La situación de las mujeres en cuanto al empleo es mucho mas precaria y vulnerable que la de los hombres, así la tasa de actividad es del 50%, la tasa de paro supera el 37% y el 78% de los contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres.
Estas situaciones de pobreza y exclusión se agudizan en los casos derivados de violencia de género, que casi siempre obliga a las mujeres a dejar su hogar, el empleo, a buscar nuevas formas de vida y a asumir la custodia y la manutención de los hijos.
Tampoco se puede olvidar la situación de precariedad laboral y las dificultades para encontrar empleo de las personas jóvenes, independientemente de sus niveles de formación, lo que hace que sean uno de los segmentos de la población entre los que más incide la pobreza y/o la exclusión.
Es urgente abordar estas realidades sociales con políticas integradoras de protección y ayuda a favor de los que peor lo están pasando en esta crisis. La pobreza y la exclusión tienen soluciones cuando se establecen derechos sociales y se crean Sistemas de Protección Social con carácter integral.
Sirva como ejemplo para valorar la importancia y logro de objetivos de las políticas públicas, la mejora de las pensiones públicas y el mantenimiento del poder adquisitivo, que ha permitido reducir en más de quince puntos la media de la población mayor de 64 años que se encuentran en riesgo de exclusión, así como Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, produce una bajada 12,2 puntos porcentuales en el riesgo de exclusión de las personas mayores, además de la generación de empleo y actividad económica que supuso.
Los antecedentes de esta propuesta de ley están en el Decreto 400/1990, de 27 de noviembre, por el que se regula el Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, por el que se creó el Programa de Solidaridad fruto de los acuerdos de Dialogo Social en Andalucía entre el Gobierno y los sindicatos UGT-Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía.
Esta norma que supuso una mejora social importante en su momento, actualmente se manifiesta como insuficiente para abordar no solo la situación estructural de la pobreza por su complejidad, sino la coyuntural en la que estamos inmersos como consecuencia de la política económica recesiva que están aplicando los gobiernos.
Sirva como ejemplo de la aplicación del Programa de Ingreso Mínimos de Solidaridad los últimos datos de 2013 en el que el número de prestaciones concedidas fue de 55.711 que beneficiaron a más de 157.000 personas. Sin embargo, son más de 280.000 las personas que viven en hogares sin ingresos, resultando tremendamente insuficiente para abordar la situación actual.
Por ello entendemos que hay que pasar del concepto de “Programa” al concepto de “Ley” que establezca derechos universales y exigibles y defina prestaciones económicas y/o de servicios, que permitan abordar distintos aspectos de la protección social y de los servicios del bienestar que hay que articular para luchar contra la pobreza y la exclusión y para prevenirla.
En esta línea se elaboró un proyecto de ley de inclusión social para Andalucía que nunca se ha llevado a cabo, y que preveía, como parte importante de las actuaciones, la regulación de la renta básica.
Por tanto, esta propuesta se dirige tanto a combatir la pobreza y exclusión estructural debida a situaciones de desigualdad y discriminación que ha afectado históricamente a segmentos importantes de la población andaluza y que tiene raíces hondas, con frecuencia ligadas a actitudes clasistas y xenófobas, y a la nueva pobreza que afecta a la clase trabajadora, e incluso a las clases medias que están siendo las víctimas de la crisis, y que afecta también a las personas trabajadoras inmigrantes que son los nuevos ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
