Desde la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, como miembros de la Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” apoyamos y hacemos nuestro el rechazo de toda la comunidad educativa ante los brutales recortes que está sufriendo la Educación Pública, tanto en recursos y programas como en la cada vez más evidente saturación al profesorado y merma en sus derechos. Las consecuencias son nefastas y están contribuyendo a un establecimiento de barreras sociales y económicas enormes, que dificultan y agravan el acceso a la educación pública, tan esencial para conseguir una sociedad basada en la igualdad social, económica y en equidad.
Otro gran despropósito, es la aprobación por parte del Gobierno Central, del Real Decreto 43/2015 que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, conocido públicamente como Decreto 3+2, con la oposición de todos los miembros de la Comunidad Universitaria, que implica tres años de grado y dos de máster, y que tal y como señala el dictamen emitido por el Consejo de Estado “ va a ser difícil alcanzar la homogeneización cuando dentro de nuestro país podría darse el caso, que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”.
Esto hace evidente la base ideológica de esta la llamada Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al dejar claro la imposibilidad de completar con estudios universitarios a todo aquel alumnado que no disponga de un determinado “estatus” económico, puesto que los elevados precios de los estudios de postgrado y el endurecimiento y los recortes de las condiciones para acceder al sistema de becas y ayudas al estudio, se está poniendo en peligro la calidad en equidad del servicio educativo que presentan las Universidades públicas y, por tanto, cercenando el principio constitucional de la igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía y agravará aún más la maltrecha economía de las familias andaluzas e incidirá en el alto índice de paro juvenil existente en Andalucía».
Con las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, más de 8.000 alumnos andaluces han abandonado sus estudios universitarios. Con la implantación de este nuevo decreto pueden ser muchos más los que no puedan completar sus estudios universitarios, al encarecerse estos entre los 2500 y casi 9000 €, provocando que el alumnado con menos recursos económicos se tenga que conformar con un título de grado minusvalorado de 3 años. A esto se suman por un lado, las intenciones de Gobierno Central que tienen previsto la aprobación de Reales Decretos, antes de la finalización de la Legislatura, que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades, así como el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora. Esto conllevará por un lado, la flexibilización y desregulación del ámbito universitario favoreciendo y fomentando la proliferación de campus privados. Y por otro, la reconversión en cuanto a la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios. En definitiva y como ha expresado algún Rector andaluz estamos ante la configuración de una “burbuja universitaria”, de similares características y consecuencias a la conocida “burbuja inmobiliaria”. Además de las recientes publicaciones de los decreto curriculares y decreto de la asignatura de religión, guinda del pastel, que no hacen más que dejar en evidencia la contradicción del prólogo de la ley, con el desarrollo y objetivos reales que persigue en su fondo y fundamento la misma. Consideramos que la educación superior es el medio más adecuado para la construcción de sociedades avanzadas, dinámicas y justas, y que es un activo imprescindible para el progreso de un país, y vital en las actuales circunstancias económicas, el acceso a la misma en condiciones de equidad debe ser garantizado por los poderes públicos.
Por todo ello, La Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía”, ante tal ataque al Sistema Educativo Público, no podemos dejar de mostrar nuestra más enérgica oposición ante el brutal desmantelamiento al que está siendo sometida nuestra Escuela Pública, que lejos de ser considerada como un servicio, debe ser tratada como lo que es, un Derecho Fundamental de todas y todos, derecho para los que creemos que el futuro de un país pasa por educar y formar a las futuras generaciones destinadas a tomar el relevo generacional.
Estaremos al lado y apoyaremos todos aquellos propuestas que persigan la creación de un Pacto por la Educación, donde intervengan y contribuyan todos los sectores participantes en la comunidad educativa, donde el principal objetivo sea crear un modelo educativo democrático, inclusivo, integrador, de calidad, estable, equitativo y en equidad, que lleve a mejorar en verdad nuestro sistema educativo, a hacerlo fuerte, moldeable y mejorable, para que nunca más se convierta en objeto de implantación ideológica a golpe de mayoría absoluta, donde se garantice recibir una formación en igualdad de condiciones, que persiga con absoluta claridad objetivos educadores completos y garantes para todas y todos. Una escuela participativa, donde las familias tengamos nuestro sitio, al lado de los educadores, donde se prime y se deje buscar nuevos caminos de enseñar, nuevas fórmulas y corrientes, adaptarnos al nuevo futuro, adaptarnos a la nueva época… adaptarnos y crecer…
Además las Organizaciones Sociales que integramos esta Plataforma, nos sumamos y apoyamos la Huelga General en las Universidades Públicas y Enseñanza Secundarias en Andalucía convocada para el próximo día 24 de marzo, y hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía andaluza para que la secunde y defienda, junto al conjunto de la comunidad educativa, la educación superior pública.
