Andalucía, 25 de noviembre de 2011. La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, ha comparecido en la mañana de hoy ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del , para trasladar sus valoraciones al Proyecto de Ley 8-11/DL-000002, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ante todo, y como ya hemos hecho en anteriores comparecencias parlamentarias, la Unión de Consumidores de Andalucía ha trasladado que es plenamente consciente de la difícil situación económica motivada por la crisis financiera, y de la necesidad de adoptar medidas rigurosas que sirvan para corregir esta situación y permitan afrontar el futuro con may
or optimismo. Del mismo modo, se ha trasladado el malestar porque como representante de los consumidores andaluces somos plenamente conscientes de que los auténticos culpables de esta situación, en la génesis del importante déficit que ahora procede atacar, siguen indemnes ante sus consecuencias y han trasladado y seguirán trasladando sus consecuencias a la ciudadanía, y particularmente a las clases de capacidad adquisitiva media o baja, acuciadas por el desempleo, la congelación de las pensiones y –ahora también- el incremento de la presión tributaria. Así, UCA-UCE ha solicitado abordar las medidas fiscales, buscando el equilibrio entre el esfuerzo exigible a la ciudadanía y su capacidad económica.
La exposición de Unión de Consumidores se ha enmarcado por tanto, en el contexto de un debate necesario, que ya se ha producido en otros estados de la Unión Europea y el propio Estado Español, sobre la dialéctica entre las medidas que tratan de afrontar la reducción del déficit público mediante la reducción del gasto –afectando a las prestaciones sociales, la estructura de la administración y la inversión pública… y consecuentemente al empleo y al bienestar social; y las que persiguen un incremento de los ingresos mediante un incremento de la fiscalidad que detrae recursos para el consumo y ralentiza el crecimiento, afectando igualmente a la competitividad y, nuevamente, al empleo. Las decisiones son complejas y, probablemente no puedan ser unívocas, sino que en un cóctel ponderado entre unas y otras se pueda encontrar el punto de equilibrio necesario para remontar la dura tesitura que padecemos.
El presidente de UCA-UCE ha destacado que, “obviamente, cuando se trata de afrontar ese combinado de medidas, cada cuál puede tener su percepción sobre donde encontrar esos nichos de recursos tributarios o sobre donde recortar el gasto para obtener los medios necesarios para equilibrar la balanza de ingresos y gastos, y ahí es donde se pueden cometer aciertos y también errores que terminen minando aspectos básicos de un estado de bienestar, que no deberían verse socavados”. Desde la organización se ha destacado la necesidad de garantizar el principio de capacidad contributiva y progresividad fiscal que garantice que los ciudadanos contribuyen en función de sus recursos, así como la necesidad social de garantizar el principio de solidaridad y procurar que cada agente responda en función de sus responsabilidades.
Desde la federación se ha hecho una valoración netamente positiva sobre la recuperación de un Impuesto sobre el Patrimonio que grave las grandes fortunas, entendiendo adecuado el mínimo exento de 700.000 euros establecido con carácter general en el artículo 28.dos de la Ley 19/1991 modificada por el R.D.L. 13/2011 -y aplicable en defecto de previsión legal expresa en nuestra Comunidad-, y el incremento en el tipo aplicable de un 10% para incrementar la progresividad de la cuota en función de la capacidad económica creciente. UCA-UCE entiende que, efectivamente, define un marco de justicia fiscal redistributiva, coherente con el momento que vivimos, en el que la capacidad económica debe ser referente esencial en un escenario en el que los impuestos directos sustentados en dicho principio, deben colaborar al incremento de los ingresos. Por ello, más allá de la estimación de lo que pueda suponer en valores absolutos para las arcas de la Comunidad, o de la afección real que pueda conllevar para esas fortunas, la Unión de Consumidores ha considerado positivo a efectos pedagógicos y sociales su establecimiento.
Por último, desde UCA-UCE se ha valorado correcto el establecimiento del mínimo exento de 700.000 euros para personas con discapacidad –entendido como un plus sobre el mínimo general, lo que lo elevaría en la práctica a un millón cuatrocientos mil euros, ya que lo contrario carecería de sentido por equipararlo al mínimo general- en la medida en que se adopten como elementos moduladores el grado de discapacidad personal, las rentas personales y la procedencia de dicho patrimonio. Obviamente, la organización ha considerado coherente que con ello deben quedar exentos aquellos patrimonios procedentes de indemnizaciones destinadas a compensar dichas discapacidades, a la vez que se garantiza un tratamiento no lineal de situaciones social y económicamente desiguales. No obstante, se ha considerado conveniente que el Parlamento de Andalucía proceda a redactar con mayor claridad este precepto para garantizar la interpretación aportada desde UCA-UCE.
