UCA-UCE ha expuesto hoy en el Parlamento de Andalucía su posición respecto a los Presupuestos de Andalucía para 2015
Andalucía, a 17 de Noviembre de 2014. Hoy el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía- UCA/UCE, Juan Moreno Rodríguez, ha expuesto ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía la opinión y valoraciones de la entidad con respecto al Proyecto de Ley 9-14/PL-000007 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2015. Tal comparecencia es habitual en cada curso político tal y como dicta el Reglamento de la cámara andaluza que con ello reconoce el papel como agentes sociales de primer orden de organizaciones de personas consumidoras y usuarias como la nuestra comunidad autónoma.
El presidente ha expuesto en su comparecencia que en cualquier caso, y mientras no sea posible un mayor crecimiento y su traducción en una notable y considerable creación de empleo, desde UCA-UCE, en línea con las políticas de cohesión que defiende, se ha valorado positivamente que en el Presupuesto que se somete a su consideración se dé relevancia a las políticas sociales como la sanidad, la educación o la dependencia y que estas representen el 83% del gasto, un punto por encima del presupuesto del 2014, pues sólo de esa forma se puede asegurar un sólido y cohesionado sistema de protección social muy valorado y apreciado por la ciudadanía andaluza, intentando evitar con ello la amenaza de un incremento de las desigualdades en estos duros momentos de crisis. Así, una vez más se presentan estas cuantas poniendo en valor su apuesta marcadamente social. Al respecto, siempre, y más en tiempos de crisis, desde la Unión de Consumidores de Andalucía venimos defendiendo el carácter social de las políticas de consumo y lamentamos un año más tener que reiterar que la apuesta por estas políticas sociales es manifiestamente insuficiente, siendo escaso el apoyo que este Proyecto de Presupuestos brinda a la política de consumo, a la que se otorga escasa relevancia, traducida en una continuada y evidente pérdida de peso cuantitativa y cualitativa de las mismas.
Este año el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015 prevé una partida presupuestaria destinada al programa 44h), “Consumo”, cuya dotación ha pasado de 11.953.165.- € en el presupuesto para 2014 a 13.092.911.- € para 2015. Y aunque se produce un incremento de dicho presupuesto se destinará a Capítulo I (personal) un montante de 9.331.728.- €, lo que deja para otros capítulos un total de 3.761.183.- €. Suben los gastos de personal y bajan los dedicados a programas de defensa de las personas consumidoras y usuarias. Por ello, desde UCA-UCE, observamos con preocupación que los recursos presupuestarios destinados a garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias andaluzas son sustancialmente escasos, por no decir precarios. Pero lamentablemente, y tal como ha manifestado nuestro presidente en sede parlamentaria, lo que más nos preocupa en este momento es la nefasta gestión presupuestaria que de las partidas aprobadas se viene haciendo por parte de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que dependen las políticas de consumo. La situación vivida con la ejecución del ejercicio 2014 nos lleva a pensar que la Junta de Andalucía lamentablemente se desentiende del movimiento organizado de personas consumidoras y usuarias.
Así, la publicación de la Orden de 24 de octubre de 2014, donde se constataba el cierre del ejercicio presupuestario de este año, ha pillado absolutamente fuera de juego a la citada Consejería, que año tras año sin explicación lógica viene retrasando las convocatorias de las ayudas aprobadas por este Parlamento para el movimiento de personas consumidoras y usuarias. De esta manera, la situación expuesta ha cogido a la citada Consejería empantanada en pleno proceso de análisis de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva que realizaban en septiembre de este año, por lo que numerosas subvenciones no resueltas en esa fecha se han visto anuladas por no contar ya con dotación presupuestaria. Y con independencia de que el detonante de la situación haya sido el cierre del ejercicio presupuestario, lo auténticamente cierto y preocupante es que nos encontramos ante una Consejería y ante una Secretaría General de Consumo que, año tras año viene demostrando su autentica incapacidad de gestión presupuestaria. Como cada año, en estas comparecencias parlamentarias, desde UCA-UCE hemos defendido la necesidad de cobertura a la protección de las personas consumidoras y usuarias en tiempos de crisis, unas políticas que calificamos de “sociales”, porque de ellas depende tanto la defensa de sus derechos como de sus legítimos intereses, de unas personas a las que representamos por mandato constitucional y estatutario. Lo lamentable de la situación es que una vez aprobada la partida presupuestaria por el Parlamento, la citada consejería haya esperado hasta septiembre para convocar unas ayudas destinadas a cubrir gastos de fomento y de actividades de estas organizaciones provinciales y autonómicas dirigidas a la ciudadanía.
Lamentablemente, en todos esos meses dicha Consejería se había empecinado en convocar dichas ayudas tras la publicación de un nuevo Decreto llamado a regular tanto el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios, como su régimen jurídico, un tema para el que UCA-UCE ha exigido reserva de Ley, viéndose obligada a recurrir este Decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como en su momento anunciabamos. Tristemente, atender previamente las exigencias de una organización que públicamente se ha presentado como afín a la fuerza política que dirige esta Consejería en el gobierno de coalición de la Junta parece que importaba más que garantizar la correcta ejecución presupuestaria y, lo que es más importante, las políticas de defensa de la ciudanía andaluza en materia de consumo, dando como resultado que por primera vez en varias décadas el Gobierno de la Junta de Andalucía deje sin cobertura esta políticas sociales.
Por ello, nuestro presidente Juan Moreno trasladó esta queja hoy a la Comisión, pues para UCA-UCE de no encontrarse soluciones, estaríamos ante una situación de tremenda gravedad que debería derivar incluso en la asunción de responsabilidades políticas, pues nuestra comunidad estaría incumpliendo los mandatos constitucionales y estatutarios de fomento de estas políticas de protección a las personas consumidoras y usuarias. A la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, este Parlamento le había habilitado, al aprobar los Presupuestos del ejercicio 2014, un montante de 1,2 millones de euros en el apartado de ayudas públicas para el desarrollo por parte de nuestro movimiento asociativo (asociaciones provinciales y federaciones autonómicas) para programas en materia de consumo, fomento del asociacionismo y actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario; unos fondos que ahora se habrían perdido, con las graves consecuencias que ello genera para la viabilidad de estas organizaciones y concretamente la nuestra, que ya había comprometido estos gastos y los había ejecutado con cargo a financiación externa, que ahora debemos de pagar con sus correspondientes intereses.
Sin duda lo más preocupante de la situación descrita por nuestro presidente Juan Moreno es que se sigue convirtiendo en papel mojado el desarrollo del I Pacto por la Garantía de los Derechos y de los Consumidores y Usuarios, un compromiso de la Junta de Andalucía con las federaciones de consumidores y usuarios más representativas de nuestra Comunidad Autónoma, orientado a empoderar a la sociedad civil en el ámbito de consumo y fortalecer su protagonismo en el mercado. El papel más activo de las personas consumidoras, el uso intensivo de las nuevas tecnologías para la difusión y el intercambio del conocimiento, así como la evidente necesidad actual de un cambio profundo en el sistema económico y en los mercados fueron las realidades que llevaron a impulsar este pacto, con la pretensión de superar el concepto de tutela y paternalismo hacia el consumidor. Un documento que recogía también la necesidad de profundizar, desde un punto de vista transversal en las políticas de formación, información y protección del consumidor, diversificando y ampliando los esfuerzos destinados a la ciudadanía. A través de este Pacto se reconocía igualmente la importancia de las asociaciones de consumidores como pilares básicos para la protección y la vertebración de la sociedad civil y se comprometía una línea de avanzar en políticas concertadas de la mano de las mismas.
En definitiva, ni se han ejecutado correctamente los presupuestos de 2014, ni se ha desarrollado el Pacto, ni tampoco se ha avanzado en las políticas de concertación citadas. A veces nos da la sensación de que una mala gestión de gobierno está considerando a asociaciones como las nuestras como un “problema” en lugar de como un instrumento válido para la mejor defensa de los consumidores andaluces. Por ello nos preocupa y mucho la situación descrita y las limitaciones provocadas para desarrollar la necesaria actividad de divulgación, formación, información, defensa y participación -cuando creemos, por su relevancia constitucional y estatutaria, debieran tener reconocido su papel como agente social y económico con una dotación adecuada a la importancia de su papel en el mercado y con una política de concertación acorde a la trascendencia socioeconómica de los intereses representados.
El presidente finalizó su comparecencia solicitando ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública, a los Grupos Políticos andaluces, que hagan suyas estas peticiones y sugerencias, haciendo un especial llamamiento a que sean tenidas en cuenta las peticiones en relación al Programa 44H, lo que sin duda cree UCA-UCE redundará no sólo en la defensa, protección y promoción de los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias andaluces, sino también en el conjunto de la sociedad, porque las políticas de protección del colectivo que representamos son, como hemos señalado, políticas sociales, y como tales solicitamos sean consideradas en estos Presupuestos de 2015.
