Miles de ciudadanos en nuestra Comunidad Autónoma estarán con igual riesgo de exclusión social derivado de los desahucios
Andalucía, 12 de abril de 2014. El próximo lunes, la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE dirigirá escritos a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la presidencia de la Junta de Andalucía para que nos sean aclarados los criterios según los cuales se han otorgado con tanta premura viviendas a los vecinos de la Corrala Utopía. Bajo este mismo criterio, UCA-UCE se va a posicionar reclamando igual solución urgente para los miles de ciudadanos afectados por los embargos, con hijos igualmente, sin trabajo y sin techo, que se encuentran en grave riesgo de exclusión social tal y como parece que han sido los criterios tomados en cuenta para la concesión urgente de estas viviendas.
Sobre la base de ello, pediremos y exigiremos soluciones con la misma rapidez, contundencia y urgencia para esos ciudadanos inscritos en los registros municipales de demandantes de viviendas sociales, que no gritan, que no ocupan viviendas, que no son incómodos para la Administración y que, por ello, no tienen ni reciben igual trato que los ocupantes de este inmueble de la ciudad e Sevilla, por más legítimas que puedan ser sus exigencias y que no ponemos en cuestión hasta que sean baremadas sus circunstancias, como establece la legislación vigente. Desde UCA-UCE volvemos a insistir en la necesidad de abordar de manera urgente soluciones factibles, alejadas del marketing o la instrumentalización política, para los miles de ciudadanos que cuentan con graves problemas en materia de vivienda. En una tierra que no acaba de encontrar salidas a la crisis económica, los números cada día crecen y nos estamos encontrando con ciudadanos tremendamente desesperados sin una solución factible para ellos por parte de las Administraciones Públicas.
Desde la Unión de Consumidores de Andalucía estamos sorprendidos por la rápida variabilidad que el asunto ha tenido en 24 h. La decisión de la Corrala Utopía ha pasado de ser ilegal a legal en función de cuestiones de negociación política y no por criterios jurídicos que son los que deben imperar en todo momento para garantizar seguridad jurídica hacia los ciudadanos.