- UCA-UCE estima, no obstante, que ya existen instrumentos normativos e institucionales que pueden cubrir los objetivos de la nueva normativa, especialmente los relacionados con el control y valoración de los agentes sociales, y que lo que realmente hace falta es una dotación económica suficiente para su correcto y eficaz funcionamiento.
Andalucía, 22 de mayo de 2017.- Juan Moreno Rodríguez, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía para dar nuestra opinión sobre el Proyecto de Ley de garantía y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Nuestra organización ha sido muy exigente en el impulso, reconocimiento y desarrollo de nuevos derechos para la ciudadanía tales como la libre elección de médico y centro sanitario, el establecimiento de un tiempo máximo de acceso a los servicios, la segunda opinión médica, la voluntad vital o la muerte digna. Y por ello apoyamos en términos generales esta iniciativa legislativa que nace por la necesidad de consolidar y afianzar estos logros y conquistas en momentos difíciles de crisis como los actuales, bajo el convencimiento de la necesaria sostenibilidad y perdurabilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
A lo largo de los años, UCA-UCE ha participado en numerosas consultas para la configuración de normativa sanitaria como la Ley de Salud de Andalucía o la Ley de Salud Pública de Andalucía, lo que como organización nos ha hecho cómplices y defensores de un sistema sanitario público en Andalucía construido sobre los principios de universalidad, equidad, la igualdad efectiva – tanto individual como social-, el equilibrio territorial en la prestación de los servicios sanitarios, la calidad, la planificación, así como la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios.
Pero estos años de crisis han creado en la ciudadanía cierto recelo sobre la sostenibilidad y el aseguramiento de la calidad del sistema y ha sido precisamente esa ciudadanía la que se ha echado a la calle en muchos lugares de Andalucía exigiendo criterios de planificación, organizativos y financieros para exigir garantías en la protección de su salud y la atención sanitaria.
Bienvenida sea por tanto una ley instrumental para el desarrollo de ese necesario “contrato social” con todos los agentes llamados a participar en el Sistema Sanitario de Andalucía, que pretende definir con nitidez las prestaciones sanitarias y los derechos de la ciudadanía en relación con la salud y la asistencia sanitaria, las condiciones de acceso a la misma y el fortalecimiento de espacios para la participación en las decisiones estratégicas.
Algo que, en cualquier caso, debería haberse posibilitado con independencia de la existencia de esta ley, escuchando a los profesionales sanitarios y a organizaciones representativas de los usuarios del sistema, como las asociaciones de consumidores.
Queremos recordar, no obstante, que la Junta de Andalucía diseñó en 1998 un modelo de participación social en el ámbito sanitario con una estructura básica y mínima con la creación de una serie de órganos reglados para garantizar la participación en su vertiente colectiva. Desde dicha fecha, y analizando el desarrollo y evolución de la participación ciudadana en su vertiente colectiva, es decir, aquella ejercida a través de organizaciones representativas de la ciudadanía y que es reconocida por la Ley de Salud de Andalucía como instrumento de legitimación social de las políticas públicas en salud, el resultado de su evaluación es francamente negativo y deficitario.
En este sentido también queremos destacar el estado en que se encuentra el Consejo Andaluz de Salud, máximo órgano de participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución, y asesor en esta materia a la Consejería de Salud en el ejercicio de las funciones de fomento y desarrollo de dicha participación, según la Ley de Salud de Andalucía. El mencionado órgano no existe en la actualidad, y ya van muchos años pasados y sin reacción gubernamental desde su paralización, tras la anulación por sentencia judicial de su norma reguladora, y después de que se hayan abordado varios proyectos normativos que no han prosperado por lo que no se conoce un horizonte claro sobre su continuidad.
A ello se le une la parálisis generalizada del resto de órganos de participación existentes y que fueron creados en desarrollo de dicha norma.
El escenario resultante de esta deriva es que, en los últimos tiempos venimos asistiendo a importantes movilizaciones ciudadanas en protesta contra las medidas adoptadas por la administración andaluza en materia de salud tales como la merma de recursos materiales en la sanidad pública andaluza, que repercute directamente en los usuarios de los centros hospitalarios de Andalucía y se visualizan en las listas de esperas, la merma en la atención médica especializada o el deficiente estado de los servicios de urgencias. Y también contra el incremento de la concertación y la privatización parcial de algunos de los servicios en la Sanidad Pública andaluza o las fusiones hospitalarias.
Todo ello, entendemos desde UCA-UCE que ha supuesto una afectación y pérdida de derechos de la ciudadanía ante el sistema sanitario público andaluz, y por ello instamos a los miembros de la Comisión de Salud del Parlamento a que tengan presente esta realidad y que esta Ley recupere y garantice la puesta en marcha con vocación de continuidad y permanencia de canales de participación social eficaces, y escuche tanto a esos profesionales, como a los usuarios y a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía que los representamos y que defendemos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En el siguiente enlace se puede acceder al texto completo de la comparecencia parlamentaria con las alegaciones concretas de nuestra entidad al articulado de la norma propuesta.
