Andalucía, 11 de abril de 2013. Desde Unión de Consumidores de Andalucía se valora positivamente la reciente aprobación del Ejecutivo del nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 2.311 millones de euros. El nuevo Plan contempla ayudas en eficiencia energética, medidas accesibles y preferencia a las familias desahuciadas, entre otros aspectos.
Desde la perspectiva de esta organización, las iniciativas contempladas deben en todo momento obedecer a una irrenunciable vocación social y deben tener como objetivo el satisfacer las necesidades prioritarias de la ciudadanía, facilitando el acceso a una vivienda digna de los sectores de población con menos recursos. Sin embargo, UCA-UCE denuncia que estas ayudas, en la práctica, no siempre llegan en el plazo estimado y por tanto la facilidad de acceso a la vivienda que se promete, se ve reducida. Se trata de evitar en todo momento que finalmente estas ayudas queden en un espejismo con difícil acceso para la ciudadanía.
Los programas de ayudas que se incluyen en el decreto que fija este nuevo Plan Estatal sobre la concesión de las ayudas al alquiler se hará de forma más equitativa, según palabras de la ministra de Fomento, teniendo en cuenta la renta de la unidad de convivencia en una vivienda, con la intención de un mejor aprovechamiento y rentabilidad de los recursos públicos.
Los beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia, lo que asegura que accedan a la ayuda las familias más necesitadas. No obstante, Unión de Consumidores de Andalucía denuncia que dentro de esta política de apoyo a la vivienda no existe aún la suficiente información para que todo el que la necesite pueda recurrir a ella. A partir de junio del presente año será necesario entregar un certificado de eficiencia energética que en general los futuros arrendadores desconocen al carecer de información real al respecto.
Según se estima los beneficiarios pasarán de los 80.000 actuales a los 133.000. Estos beneficiarios serán, con carácter general, personas con un límite de ingresos menor a tres veces el Iprem (unos 1.500 euros) y una renta de alquiler igual o menor de 600 euros. Las ayudas, serán de hasta el 40% de la renta y no superarán los 4.200 euros anuales, con lo que la dotación será de hasta 200 euros mensuales. Además, se concederán durante un año, prorrogable si se mantienen las condiciones.
En este sentido, desde UCA-UCE queremos trasladar nuestra preocupación por las cifras que presenta España en relación al resto de países de Europa en materia de alquiler, un 17% frente al 83% de la propiedad, mientras que en Europa el mercado en alquiler representa el 38%. Entendemos, que estas cifras deben cambiar al alza para lograr un mercado de vivienda más viable y diversificado en función de la situación que vivimos.
Por otro lado, el Gobierno de España ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Se apuesta así por el fomento de la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para propiciar una reactivación sostenible del sector de la construcción, lograr unos edificios más seguros y una mejora de la eficiencia energética en general. Desde Unión de Consumidores de Andalucía consideramos positivo este Anteproyecto, en tanto que no solo se conservarían edificios sino que se reactivaría el sector de la construcción en cierto modo.
Por otra parte, desde UCA-UCE hacemos un llamamiento a que esta nueva norma de rehabilitación, regeneración y renovación urbana rompa con las barreras arquitectónicas que aún mantienen muchos edificios con tres, cuatro o más plantas que aún no cuentan con ascensor y posibilite la accesibilidad a todas las personas. También se pide responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas sobre el deber de conservación de edificios, no sólo de las personas usuarias o propietarias.
Por último, entendemos que la articulación de políticas de vivienda, debe ser en todo momento permeable a las inquietudes y sensibilidades de la sociedad a la que pretende atender. Por ello, seguimos exigiendo en todo momento, que en la formulación, seguimiento y evaluación de esta tipología de planes se cuente con la ciudadanía, especialmente con las organizaciones representativas de los derechos y legítimos intereses de consumidores y usuarios, una línea que lamentablemente no percibimos en la actualidad.
