Andalucía, 2 de abril de 2013. Tras la reciente publicación del Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado presentado por el Gobierno, la Unión de Consumidores de Andalucía denuncia que esta norma, la cual tiene por objeto garantizar la unidad de mercado en todo el territorio nacional y en particular, garantizar la integridad del orden económico, en cumplimiento del artículo 139 de la Constitución Española, y que impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español, se replantee.
Desde UCA-UCE así como desde el Consejo de Consumidores y Usuarios de España denunciamos que la Constitución no se centra exclusivamente en torno a la libertad de circulación, y por tanto, debe tener en cuenta otro precepto constitucional básico, como es la protección de los consumidores y usuarios, pilar básico de nuestro modelo económico.
Asimismo, la aplicación, cumplimiento y desarrollo de la Constitución es un objetivo de la Administración autonómica andaluza, pero ese desarrollo debe hacerse respetando el llamado “bloque constitucional” en su conjunto, incluidos los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas. Resulta inadmisible, que el principio económico en el que quiere apoyarse el anteproyecto, la unidad de mercado, predomine sobre un principio constitucional de carácter político, que conforma la organización territorial del Estado, y que está basado en la autonomía de los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas. Por tanto, desde UCA-UCE consideramos que la norma vulnera competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, especialmente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias, y por ende, no tiene en cuenta el papel fundamental que estas ocupan en el mercado.
Otra de las preocupaciones que Unión de Consumidores de Andalucía quiere transmitir es que este proceso de “armonización estatal” se lleve a cabo optando por un modelo que refuerce la cooperación entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
La norma incentiva, además, la desregulación, la baja cualificación en la prestación de servicios a los usuarios y, en definitiva la desprotección de los consumidores y usuarios en el mercado.
Por eso, desde Unión de Consumidores apelamos al rechazo de esta norma ya que, no solo invade competencias autonómicas y del ámbito local, sino que supone un atentado a la protección de los consumidores y usuarios, (satisfaciendo así las demandas de los grandes operadores del mercado), incentiva la desregulación de la actividad económica y la falta de control en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, que provocará conflictos entre autoridades competentes.
