- Servicios financieros, telecomunicaciones y suministros básicos como electricidad o gas, los sectores más reclamados.
- Desfasado modelo de las políticas de consumo en Andalucía.
Andalucía, 15 de marzo de 2018.- La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha presentado hoy en Málaga, en la Jornada sobre “El Día Mundial del Consumidor”, organizada por la Unión de Consumidores de Málaga, su tradicional informe anual de consultas y reclamaciones y ha aprovechado la ocasión para hacer balance y presentar la radiografía del estado de las políticas de consumo en Andalucía.
El análisis de los datos de cuantificación de nuestras actuaciones hace constatar que los últimos años, marcados por la crisis, la precariedad laboral y los bajos salarios, se han traducido en un aumento significativo de las consultas y de las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía. La difícil situación económica vivida por muchas familias y ciudadanos provoca que muchas personas consumidoras y usuarias sean más sensibles a los abusos y mucho más conscientes de la importancia de saber defender sus derechos y sus legítimos intereses.
A ello hay que sumar la falta de transparencia de los contratos bancarios, la inflexibilidad de las compañías de seguros, las estrategias agresivas de las políticas comerciales de muchas empresas de servicios como la telefonía, -o de suministros básicos como la luz o el gas- , que derivan en un considerable incremento de la conflictividad en muchos sectores de contratación masiva. Además, denunciamos desde UCA-UCE una tendencia a la falta de información suministrada por las empresas o a la forma precipitada, interesada y poco clara de ofrecer la venta de sus productos o la contratación de sus servicios, situando a la persona consumidora en muchas ocasiones en una posición de inferioridad o vulnerabilidad.
Sectores más reclamados en Andalucía
Por segundo año consecutivo, por sectores, y aumentando, el que más reclamaciones y consultas generó en 2017 fue el de los bancos y servicios financieros, con un 24%. En este sector, se observa que la mayoría de las reclamaciones están relacionadas con la comercialización de hipotecas, en torno al 84% del total de las actuaciones. Por cuentas y depósitos, los usuarios nos plantearon un 9% de los casos, mientras que las tarjetas representaron el 5% y los préstamos personales el 2%.
El segundo sector más reclamado es el de la telefonía e Internet, con un 19%, seguido del de suministros básicos como la luz y el gas, con 18%, y los asuntos relacionados con el comercio, con un 11% y debido a un significativo aumento de las reclamaciones en materia de comercio electrónico. En este ámbito de la venta online, los problemas y dudas más habituales se centran en los plazos de devolución y costes, productos que no se corresponden con lo inicialmente adquirido, la seguridad de algunas páginas y las formas de pago.
A continuación, se sitúan las consultas y reclamaciones relacionadas con los seguros (8%), la vivienda (6%), la reparación de vehículos (4%), el transporte y los viajes (3.5%), los servicios técnicos (3%), los servicios de la administración (2%) y las ventas a domicilio o por catálogo (1,5%).
BANCOS Y SERVICIOS FIANCIEROS 24%
TELEFONÍA E INTERNET 19%
ELECTRICIDAD Y GAS 18%
COMERCIO 11%
SEGUROS 8%
VIVIENDA 6%
REPARACIÓN VEHÍCULOS 4%
TRANSPORTES Y VIAJES 3.5%
SERVICIOS TÉCNICOS 3%
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2%
VENTAS A DOMICILIO O CATALOGO 1,5%
Los datos expuestos se traducen en un total de 15.215 actuaciones desarrolladas desde UCA-UCE, siendo 10.222 las consultas y 4.993 las reclamaciones tramitadas. Con relación al ejercicio 2016, el 2017 se salda con un incremento de consultas y reclamaciones gestionadas del 2.5%, motivadas especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con las entidades financieras, la telefonía, Internet, los suministros básicos como la electricidad o el gas.
Un año más los datos de actividad dan cuenta de nuestro quehacer diario y de cómo, a pesar del correlativo incremento de la conflictividad en materia de consumo, estamos atendiendo a las personas que se acercan a nuestra red de oficinas, incluso en aquellos casos en los que muchas de nuestros socios se ven también con dificultades para atender el pago de su cuota y frente a una administración andaluza insensible que, además de ayudar poco, frena estas orientaciones de trabajo y opta por un modelo recaudatorio de cuotas para valorarnos y mediarnos frente a otras asociaciones..
A pesar de todo y, afortunadamente para nuestras personas asociadas, el 85% de los casos en los que es necesario que UCA-UCE intervenga se resuelven satisfactoriamente a través de la mediación. Situación diferente es la vivida con el sector financiero donde ya un altísimo porcentaje de las cuestiones tratadas se están viendo abocadas a tramitarse por la vía judicial, por el estrepitoso fracaso de los sistemas de mediación puestos en escena por el Gobierno de España-
UCA-UCE: Un agente económico y social en Andalucía
Atender y tramitar las quejas, consultas y reclamaciones, así como formar e informar a los consumidores y usuarios para prevenir situaciones conflictivas son algunas de las tareas más conocidas e identificativas de una organización como UCA-UCE. Pero, junto a ellas, desarrollamos también otras muchas relacionadas con nuestro papel de agente económico y social comprometido y encargado de vigilar y velar por un corrector funcionamiento del mercado, protegiendo de esta manera tanto los derechos como los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de Andalucía a los que, según mandato constitucional y estatutario, representamos.
Frente a ello, topamos con una administración autonómica en Andalucía que no acaba de entender este papel ni lo que debe representar, que se pierde cada legislatura en articular planes estratégicos que luego no cumple, que es lenta en legislar, que desprecia la concertación en materia de consumo y opta por la política paternalista de las subvenciones –que luego, ni tan siquiera sabe gestionar-, que no encaja que las políticas de consumo han de ser transversales de todo el Gobierno, que arbitra mal entre las asociaciones, que no favorece el asociacionismo, que condiciona los modelos de asociacionismo y que no acaba de definir un modelo respetuoso con la libertad asociativa y el legitimo papel que agentes como empresarios y consumidores quieren desarrollar en las relaciones de mercado.
En definitiva, hace muchos años que Andalucía dejó de estar a la vanguardia, para instalarse en un desfasado y trasnochado modelo de las políticas de consumo, incapaz de dar respuestas a las demandas, tanto del conjunto de la ciudadanía, como de esta organización.
