UCA-UCE propone la reducción del Impuesto de Circulación de Vehículos para compensar a los consumidores del pago ilegal del céntimo sanitario.

UCA-UCE SURTIDOR

Andalucía, 3 de marzo de 2014. Desde la Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE, consideramos poco efectiva, a efectos económicos para los ciudadanos, la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró la semana pasada ilegal el céntimo sanitario, ya que casi ningún consumidor podrá reclamar la devolución de dichas cantidades al no conservar el correspondiente justificante de pago.

La reciente Sentencia de la UE viene a confirmar las argumentaciones que en su día realizamos desde la Unión de Consumidores cuando se empezó a aplicar este recargo a los ciudadanos. El mencionado recargo sobre el impuesto especial de hidrocarburos es del 2.002, y en ese momento ya se criticó la falta de proporcionalidad entre la repercusión en el combustible de vehículos y la utilización del sistema sanitario. Doce años después la UE declara ilegal este recargo sobre el impuesto, y los consumidores se encuentran ante la imposibilidad de reclamar las cantidades por la falta de justificante del pago. Además, en el hipotético caso de que los conserven, sólo pueden reclamar desde el 2010 si se aplica la prescripción de las deudas tributarias. La Unión de Consumidores de Andalucía entiende que la Administración debería evitar la  prescripción de 4 años, y buscar soluciones alternativas por responsabilidad y haber sido declarada su actuación ilegal por la UE.

Por todo ello, desde la Unión de Consumidores proponemos a la Administración, ante estas dificultades de cobro por parte de los consumidores, que, a efectos compensatorios proceda a reducir el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (impuesto de circulación) para resarcirles de los perjuicios económicos ocasionados durante todos estos diez años de aplicación, de forma proporcional a o recaudado.

Finalmente, instamos al conjunto de Administraciones Públicas a que tengan más en cuenta las opiniones de las asociaciones de consumidores en los temas que afecten a la ciudadanía, habida cuenta de los varapalos judiciales que se están recibiendo en cuestiones sobre las que nos habíamos manifestado públicamente en contra.