- En la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidores y ante la inminente celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía, la Unión de Consumidores hace públicas sus propuestas y demandas, ante las fuerzas políticas que concurrirán a dichos comicios.
Andalucía, 14 de marzo de 2015. El día 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los derechos de las personas Consumidoras y Usuarias, una fecha que este año coincide con el ecuador de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento de Andalucía. Ello hace más significativo conocer el grado de compromiso con las políticas de consumo de las diferentes formaciones políticas que concurren a ellas. Desde la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE ya hemos hecho llegar a los principales partidos políticos nuestras inquietudes en esta materia, nuestras preocupaciones y nuestras propuestas. No obstante, también queremos hacer llegar a la sociedad en general nuestros planteamientos para que los casen con los programas electorales que las diversas fuerzas políticas han presentado.
La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE está convencida de que el actual modelo de relaciones de consumo es injusto y presenta graves carencias. Entendemos que es fundamental un reconocimiento real del papel de las organizaciones sociales representativas de las personas consumidoras y usuarias como agentes sociales de primer orden y una participación efectiva de la sociedad en el diseño de herramientas innovadoras que promuevan un mercado más justo, con una eficaz tutela de las administraciones competentes y un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena presentes en el mercado. Se trataría, en definitiva, de promover un consumo consciente, inteligente, responsable y sostenible.
También es necesario un impulso de las políticas públicas de protección de las personas consumidoras con un carácter transversal e integrador, considerándolas en tiempos de crisis como lo que realmente son, “políticas sociales” En este sentido creemos que una sola Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor, como organismo transversal adscrito a la consejería competente en materia de economía, podría vincular, coordinar y compatibilizar las políticas de consumo y defensa de la competencia de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. En más de tres décadas de autogobierno, las competencias de consumo han ido rotando por muchas y variadas consejería del Gobierno. Andalucía es la única de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo151 que aún no cuenta con un Instituto o Agencia de Consumo, como departamento específico para el desarrollo de estas políticas.
Para avanzar en el compromiso de impulsar y apoyar a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, es preciso abordar, entre otras cuestiones el pleno y verdadero desarrollo del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, firmado en su día entre las organizaciones de consumidores más representativas y la Junta de Andalucía, y que a nuestro juicio se ha quedado en un mero brindis al sol. Asimismo hay que garantizar el acceso de las organizaciones representativas de las personas consumidoras y usuarias a los medios de comunicación de titularidad pública y fomentar el asociacionismo de las personas consumidoras como motor de avance e impulso de la vertebración de la sociedad andaluza en torno a sus organizaciones a todos los niveles (autonómico, provincial y municipal). También es fundamental potenciar los espacios y foros de diálogo, materializados en órganos de consulta, mediación, arbitraje y participación.
En cuanto a las políticas de salud, ante la situación de cuestionamiento creciente y los ataques que viene sufriendo el sistema sanitario público, no cabe duda alguna que la sanidad necesita mejoras y reformas, pero desde la Unión de Consumidores de Andalucía afirmamos esta necesidad desde la premisa irrenunciable de que las mismas deben seguir siendo públicas, universales, gratuitas y financiadas fundamentalmente mediante impuestos directos, de forma tal que contribuyan más a su sostenimiento quienes más tienen, de forma solidaria, para con ello garantizar el necesario reparto equitativo de la riqueza y la renta.
Capital importancia tienen también las políticas de vivienda. Es necesario garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad, así como el de residir dignamente cuando se carezca de recursos, unos derechos ejercitables ante los poderes públicos, incluidas las instancias judiciales, y para el que las administraciones de los diferentes ámbitos territoriales deberían contar con políticas de acceso a inmuebles adecuados y suficientes. Para ello, entre otras cuestiones, hay que adoptar medidas para que la vivienda no puede ser un bien más del mercado sujeta a intereses especulativos, así como diagnosticar la demanda y las prioridades en base a los datos registrados.
La vinculación del consumo con la protección del medio ambiente hace necesario en este momento propiciar una mayor capacidad para el ejercicio del poder individual y colectivo de la ciudadanía, basado en la disposición de información adecuada y de su formación como personas consumidoras y usuarias responsables. Así, desde una posición emponderada de la ciudadanía, con decisiones en materia de consumo bien informadas y conscientes, las personas consumidoras pueden contribuir decididamente a la preservación del medio ambiente. Que la sociedad en su conjunto avance hacia un modelo de consumo más razonable y más sostenible es tarea de todos, a nivel individual como personas que consumimos todos los días y que tenemos una responsabilidad ineludible en nuestros actos.
Finalmente, y en otro orden de cosas, desde UCA-UCE venimos observando con preocupación que una de las consecuencias de la actual crisis económica es la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar el coste de los suministros básicos que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria. Diversos estudios están poniendo de manifiesto esta cruda realidad, aportando datos tremendamente preocupantes sobre el elevado número de hogares y familias andaluzas que deben afrontar situaciones dramáticas ante la interrupción de suministros esenciales como la electricidad o el agua. UCA-UCE postula la necesidad del reconocimiento a la ciudadanía de un derecho que le garantice unos suministros mínimos.
