Andalucía, 10 de junio de 2014. Durante la mañana de hoy, Juan Moreno Rodríguez como presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, ha comparecido ante la Comisión de Economía, Innovación Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía, al objeto trasladar sus consideraciones y valoraciones respecto del Proyecto de Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, actualmente en trámite parlamentario.Para UCA-UCE y ante los tiempos de crisis que vivimos, cualquier intento para mejorar la actividad económica y el empleo será bien recibido, pero la apuesta en ningún caso debe ser desregular de manera desproporcionada, sino hacerlo de forma eficiente, estableciendo con ello los menores costes posibles para la actividad económica y haciendo ello compatible con el respeto y salvaguarda de los intereses generales, entre ellos, los de las personas consumidoras y usuarias. Por ello, en términos generales, UCA-UCE ha compartido el objetivo de esta Ley de eliminar el exceso de burocracia no justificada y de procurar de paso que ningún proyecto inversor se pierda por trámites burocráticos.
La Ley sometida a consideración adapta la legislación autonómica andaluza a las previsiones de la Ley estatal 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado. Al respecto, desde UCA-UCE se defiende que la unidad de mercado debe regularse siempre bajo el prisma de su consideración como bien al servicio de la sociedad, configurando un mercado de bienes y servicios de calidad y a precios competitivos para acercar dichas bondades en beneficio de las personas consumidoras y usuarias, pero nunca como proceso desregulatorio en beneficio exclusivo de los grandes operadores de mercado.
En sus alegaciones particulares, la Unión de Consumidores se ha detenido exclusivamente en aquellas modificaciones legislativas que representaban una especial trascendencia para las personas consumidoras y usuarias, con observaciones relativas a leyes tales como las de Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía, la de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la de Reguladora de la Mediación Familiar, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, o la de Salud Pública, entre otras. Frente a todas ellas se han planteado alegaciones puntuales.
