Andalucía, 11 de septiembre de 2013. Esta mañana ha tenido lugar en la sede de la Unión de Consumidores de Andalucía una reunión con la parlamentaria de Izquierda Unida Rosalía Martín a la que Juan Moreno, presidente de UCA-UCE, ha presentado las inquietudes, aportaciones y sugerencias de su federación al proyecto de creación de una entidad financiera pública en nuestra Comunidad Autónoma. El Acuerdo por Andalucía firmado en esta Legislatura entre PSOE-A e IULV-CA para la constitución del actual Gobierno de la Junta de Andalucía contemplaba la creación de una entidad financiera pública, social y ética que contribuyera a mejorar la financiación en Andalucía, una previsión que desde Unión de Consumidores de Andalucía valoramos en su momento como muy positiva. Las restricciones del actual sistema financiero hacen que, lamentablemente, PYMES, personas con proyectos de desarrollo empresarial o familias, no puedan acceder al crédito. Desde esa perspectiva se contemplaba la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz, orientado a promover el crédito y a coordinar la intervención en la actividad productiva de Andalucía.
En la reunión, el presidente de Unión de Consumidores, Juan Moreno, ha reiterado el apoyo de su organización a esta medida y ha manifestado su satisfacción por el impulso para la articulación y creación de una entidad financiera pública que, además de atender a PYMES y emprendedores, también pueda facilitar el crédito a las economías domésticas en un contexto tan crítico como el que actualmente atravesamos. Se trataría de evidenciar que en el ámbito financiero se pueden hacer las cosas de otra manera, “en un contexto en el que la sociedad civil apuesta por que se lleven a cabo muchos más cambios de este tipo”, apuntó el presidente de los consumidores andaluces. Moreno ha incidido también en “la importancia que puede tener esta medida para el conjunto de la sociedad andaluza -economías familiares, personas autónomas, pequeñas y medianas empresas “que son las que sustentan la economía Andaluza y las que peor lo están pasando”. Pues en un sistema económico que se sustenta en el consumo y la generación de deuda, si la ciudadanía no tiene capacidad para lo primero y los bancos no conceden los segundo, “difícilmente saldremos de esta crisis”, apuntó.
El presidente de Unión de Consumidores de Andalucía le ha trasladado a la parlamentaria andaluza Rosalía Martín que la entidad financiera pública andaluza debe regularse en base a dos ejes fundamentales: por un lado, la creación de comisiones éticas en las que exista una representación real y efectiva de la sociedad civil organizada, “en la que las asociaciones de consumidores tenemos mucho no sólo que decir, sino también que hacer”. Por otra parte, Moreno también aboga por que esta banca se caracterice por “un riguroso y exhaustivo control que preste especial atención a los abusos que la banca ha asumido como cotidianos en los últimos años sin apenas consecuencias desde los poderes públicos”, tales como las cláusulas suelo, las elevadas comisiones o los productos financieros tóxicos como las preferentes.
En definitiva, para Unión de Consumidores de Andalucía, este nuevo instrumento financiero público no debiera estar orientado únicamente a las PYMES o emprendedores, sino también a cubrir las necesidades de servicios financieros del conjunto de la ciudadanía andaluza. Un nuevo modelo que, en cualquier caso debe ser ejemplar y en ningún momento provocar nuestra línea habitual de denuncia de las prácticas abusivas e ilegales a las que nos tienen acostumbrados desde la banca privada. Porque una banca pública en ningún caso debería tener la actitud inmoral y carente de toda ética profesional de muchos de los bancos privados actuales. A modo de ejemplo, cabría citar el sinfín de comisiones ilegales aplicadas a muchos usuarios como la comisión por el retraso en el pago de una cuota de préstamo, la comisión de comunicación de posiciones deudoras vencidas, la comisión de descubierto en cualquier tipo de cuenta o las comisiones de devolución de efectos comerciales, talones, pagarés o recibos. Igualmente debería ser una entidad pública cerrada a la comercialización de productos declarados ilegales (swaps, créditos hipotecarios con suelo o comportamientos irregulares en revisiones de cláusulas o fórmulas sustitutivas).
