Andalucía, 25 de julio de 2017.- En la mañana de hoy Juan Moreno, presidente de UCA-UCE, ha comparecido ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía para trasladar las valoraciones de nuestra entidad sobre el Proyecto de Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, y la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.
En líneas generales Juan Moreno ha expuesto que UCA-UCE valora de manera positiva dicha propuesta legislativa pues supone una apuesta por la garantía del derecho a la vivienda y da respuesta a importantes demandas de actuación exigidas desde la ciudadanía andaluza y sus organizaciones representativas en esta materia. Entendemos que el Proyecto de Ley objeto de análisis entra en directa consonancia con lo promulgado en nuestro Estatuto de Autonomía que consagra el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios.
Asimismo, estimamos que la iniciativa legislativa propuesta atiende las nuevas exigencias planteadas por una coyuntura en la que lamentablemente los desahucios de viviendas de familias vulnerables se han hecho más que habituales, con la consiguiente generación de una considerable alarma social entre una ciudadanía que plantea a los poderes públicos la necesidad de actuar y tomar medidas para paliar estas situaciones y sus efectos.
Consideramos además que esta reforma legislativa puede ser muy útil para regular el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración de la Junta de Andalucía para adquirir viviendas procedentes de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria o dación en pago, a fin de proceder al alquiler social de las mismas, realizándose estas actuaciones, como no podía ser de otra forma, de manera respetuosa con la competencia exclusiva del Estado en materia procesal, al ejercerse después de la adjudicación o después del lanzamiento de las personas ocupantes.
No obstante, UCA-UCE también quiere dejar claro que le preocupa que para la aplicación de esta Ley el Ejecutivo andaluz sólo haya reservado en los Presupuestos de este año una partida de 4 millones de euros. En su día el Consejo Económico y Social CES de Andalucía, órgano del que nuestra entidad es miembro, emitió dictamen sosteniendo que la eficacia de esta iniciativa podía ser muy limitada y que podría crear falsas expectativas si no contaba el respaldo presupuestario suficiente. Y mucho nos tememos que pocas serán las viviendas que la Junta pueda comprar frente a las miles de ejecuciones hipotecarias que lamentablemente se producen cada año. Por ello, el primer reto a asumir es que en las enmiendas que se puedan plantear para mejorar este proyecto se prevea que la mejora de la dotación económica sea una de las fundamentales.
Texto de la comparecencia
