- Apuestan por la mediación y el arbitraje para la resolución de controversias, según se ha debatido en hoy el I Congreso Andaluz sobre Protección de los Consumidores en el Ámbito de los Colegios Profesionales
Andalucía, 10 de diciembre de 2015.- La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y diversos Colegios Profesionales andaluces promocionarán la puesta en marcha en la Comunidad Autónoma de los servicios de atención a los consumidores y los colegiados, según se anunció hoy durante el I Congreso Andaluz sobre Protección de los Consumidores en el Ámbito de los Colegios Profesionales, organizado por UCA-UCE en colaboración con la Fundación Cajasol.
Los previsibles desarrollos normativos que regularán los colegios y los servicios profesionales, apuntan a que uno de sus más importantes fines será la protección de los derechos y de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. Para UCA-UCE los colegios profesionales deberán procurar la mejor atención al ciudadano destinatario de sus servicios y vigilar por el cumplimiento de la deontología profesional de sus miembros. En tal sentido, este I Congreso Andaluz sobre Protección de los Consumidores en el Ámbito de los Colegios Profesionales ha pretendido aportar orientaciones sobre cómo articular los marcos de relaciones de futuro entre los consejos y colegios profesionales y organizaciones representativas, como UCA-UCE, para la preservación de unos servicios de calidad para el conjunto de los usuarios.
De hecho, Juan Moreno, presidente de UCA-UCE; y Rafael Belmonte, abogado y asesor en desarrollo corporativo, explicaron que, a comienzos del nuevo año se iniciarán los trabajos para la constitución de una comisión jurídica “ética y deontológica” con representantes de los colegios andaluces y de UCA-UCE para articular un nuevo campo de trabajo en torno a la futura Ley de Colegios Profesionales, que regulará este sector. La idea, en la que se resume la conclusión del Congreso, consistirá en elaborar un borrador para articular una oficina de atención al usuario, a partir del cual se pueda homogeneizar un documento que sirva de base para todos los colegios de Andalucía, y que ofrezca seguridad jurídica a los consumidores y usuarios. Asimismo, apostaron, tal y como se comentó ampliamente en el Congreso, por la mediación y el arbitraje para la resolución de controversias.
Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía y una de las participantes en este Congreso, puso de relieve el peligro del intrusismo en las profesiones sanitarias que, añadió, es un ámbito en el que la Consejería considera importante trabajar. Así, recordó que Andalucía está inmersa en un cambio de estrategia en consumo y que se va a realizar un análisis en profundidad, diseñando líneas de futuro “con una estrategia liderada por la Administración Pública en colaboración con todos los sectores” interesados. Josefa Ruiz apostó por el arbitraje y la mediación como instrumentos de resolución de conflictos en el ámbito del consumo, pero también por la prevención, como mecanismo de defensa de los intereses de los consumidores.
Por su parte, Alfonso López Escobar, director de investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, recordó que dicho organismo “trata de garantizar la competencia efectiva de los mercados” y que los colegios profesionales “son parte de la Administración Pública”. López explicó que profesiones como las sanitarias, jurídicas y técnicas son de colegiación obligatoria para garantizar la calidad del servicio prestado al usuario. La finalidad, en resumen, de la defensa de la competencia es garantizar la competencia efectiva, pues ello va en beneficio del mercado y redunda en una garantía del mejor uso de los servicios por parte de los usuarios y consumidores. López resaltó la importancia del problema del intrusismo y puso de relieve que la ley debe definir quién es el técnico competente para ejercer una profesión. Por último, recordó la utilidad que posee la Guía de Competencia para los consumidores andaluces elaborada en 2011 en colaboración con las organizaciones de consumidores como UCA-UCE.
Isabel Escartín, decana del Colego de Procuradores de Sevilla, recordó la “pieza clave en la modernización de la Justicia” que son lo procuradores, con aspectos como las notificaciones electrónicas, de las cuales se realizaron 80 millones sólo en el pasado año, aparte de las realizadas en papel, “a coste cero para la Administración Pública” y remarcó la “implicación social” del turno de oficio, pese a la carga económica que representa para los procuradores.
Antonio Aguado, presidente de Consejo Andaluz de Colegios de Médicos recalcó la existencia de cuatro pilares de actuación como son la ética, la deontología, la defensa de la profesión y la defensa de la sociedad. “Es muy importante el artículo 36 de la Constitución Española que recoge lo referente a los colegios profesionales y su defensa del interés público. La legitimidad de los colegios depende de que cumplan con la función que se les ha encomendado”, enfatizó. Aguado incidió en la importancia de la mediación como vía de resolución de conflictos que, agregó, aún tiene mucho camino por recorrer. “No hay aún una cultura de mediación, ya que a menudo se produce la judicialización de los conflictos. Hay que impulsar desde los colegios que éstos sienten las bases en un futuro no muy lejano de la mediación y que dé también un real protagonismo a los colegios profesionales. Que el ciudadano vea que el colegio no es un órgano corporativo, sino que va a luchar por sus intereses como consumidores”, refirió Aguado. El presidente médico destacó que la ley permite que los colegios asuman carácter de órganos de mediación “lo cual proporciona múltiples ventajas para los ciudadanos” ya que, agregó, la respuesta la aportan los propios que han creado el conflicto. “Hay que difundir la cultura de la mediación entre todos los agentes”, dijo Aguado.
Blanca Fernández Pino, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, recordó que el convenio de colaboración firmado con UCA-UCE “es una forma de combatir la competencia desleal y el intrusismo profesional”, que desde su organización colegial se combate y cuyos perjuicios son advertidos, mediante la información correspondiente en su web oficial, a los usuarios.
Luis Cáceres, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, subrayó que el Código Penal tipifica el delito de intrusismo sin distinguir entre profesiones y tampoco tiene en cuenta si el intruso es acusado por uno o por distintos casos. “Da igual que haya tratado a un paciente o a veinte. Cuando el hecho se repite es más grave que un caso aislado”, dijo, al tiempo que lamentaba, igualmente, la levedad de las penas impuestas y la prolongada duración de los procedimientos legales, lo cual va a favor del intruso “la justicia deja de serlo cuando es tan lenta”, opinó Luis Cáceres, que también abogó por la necesidad de informar a los consumidores de todo los perjuicios que conllevan las prácticas de intrusismo profesional. Cáceres concluyó con la petición de una mayor implicación en la solución al intrusismo por parte de la Administración Pública. “El Servicio Andaluz de Salud ha tenido contratado durante seis años a un médico sin título. ¡Qué desvergüenza!” sentenció.
Entre las anécdotas narradas por los ponentes, según expuso Miguel Villafaina, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía, se encuentra el hecho de que la Inspección de Salud sólo interviene cuando hay sanitarios en un centro, aunque en dichas dependencias se estén desarrollando actividades sanitarias por parte de personas no cualificadas, además de la existencia de perjuicios como por ejemplo trombosis, derivados de masajes dados por intrusos que actúan como si fueran fisioterapeutas. “Ha aumentado el numero de quejas de ciudadanos que han sufrido daños al ser tratados por intrusos”, advirtió.
Jorge Barnés, presidente del Colegio de Podólogos de Andalucía, apuntó a la creación de un foro sanitario que luche contra aspectos como “intrusismo subliminal” que subyace en la mutualidad.
Por último, José Luis de Alcaraz, presidente de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Competencia, indicó que la competencia es una disciplina compleja, lo cual dificulta su comprensión. “Existe una total necesidad de los colegios profesionales dados que éstos suponen calidad, competencia y protección del consumidor. La competencia protege al usuario, a todo cliente y paciente de los abusos que se puedan producir”, concluyó.
