- El principal objetivo de nuestra queja es asegurar el derecho subjetivo contemplado, pasando a consolidarse de manera efectiva como una prestación garantizada dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, y que lleve aparejado un Plan de Inclusión Socio-Laboral de estas personas.
- La Junta de Andalucía parece que trabaja ya en la más que previsible modificación del Decreto-Ley 3/2017 por las largas listas de espera que se han generado al ejecutar sólo la cuarta parte del presupuesto asignado.
Andalucía, 7 de agosto de 2019. Desde UCAUCE Sevilla se ha dirigido recientemente un escrito de queja al Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo su actuación frente a las largas listas de espera constatadas en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía respecto a la tramitación de expedientes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
Con fecha 1 de febrero de 2019, un asociado a UCAUCE Sevilla presentaba ante la Delegación Provincial de la citada Consejería en Sevilla su escrito de solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social para acogerse a los derechos y al sistema de protección regulado por el Decreto Ley 3/2017 de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. Habiendo agotado todas sus prestaciones y encontrándose en una situación de pobreza y exclusión, y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la citada norma, tramitó su solicitud confiando es una respuesta urgente a la altura de su extrema necesidad vital. Transcurridos más de 6 meses desde la presentación de su solicitud y sin haber recibido ningún tipo de respuesta desde la administración autonómica, nuestro socio contacta con la mencionada Delegación Provincial para solicitar información del estado de tramitación de su solicitud. Para su sorpresa, desde dicho Centro Directivo se le informa de que a la fecha de su llamada (agosto 2019) se estaban tramitando las solicitudes de mayo de 2018.
Desde la Unión de Consumidores, por la información obtenida de los órganos de participación institucional y la facilitada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el Consejo Andaluz de Servicios Sociales, ya éramos conocedores de la previsible modificación del Decreto-Ley 3/2017 debido a las largas listas de espera derivadas de que sólo se haya ejecutado la cuarta parte del presupuesto asignado en 2018. Pero, con independencia de que dicha modificación se acometa, nos ha parecido oportuno paralelamente tramitar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para una urgente actuación que dé respuesta a las solicitudes en tramitación y atienda la urgencia vital de personas como nuestro asociado.
La Unión de Consumidores cree que es momento de hacer balance y, desde una evaluación exhaustiva promovida por ese Defensor del Pueblo, revisar aquellas cuestiones que sean necesarias para garantizar esa renta mínima de inserción. Porque el principal objetivo debe ser asegurar el derecho subjetivo contemplado, pasando a consolidarse de manera efectiva como una prestación garantizada dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, que lleve aparejado, también de manera efectiva, un Plan de Inclusión Socio-Laboral de estas personas, dando cobertura a estas situaciones de pobreza y exclusión.
Por todo lo expuesto se ha registrado y presentado esta queja, solicitando al Defensor del Pueblo tanto su actuación en el mencionado y puntual caso, como su interés y actuaciones frente a las largas listas de espera y demoras existentes, así como su implicación para simplificar y agilizar estas solicitudes y su proceso de aprobación.
