-La federación trasladará su queja al Ministerio de Industria a través de la Junta de Andalucía.
-Los consumidores son agentes implicados en un proceso en el que, de momento, no se les ha dado voz.
–Que Andalucía sea una de las comunidades con menor renta per cápita pone de manifiesto la necesidad de un debate sobre las fórmulas de bonificación.
Sevilla, 20 de noviembre de 2008. UCE-Andalucía exige su presencia en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Industria y las eléctricas para dar solución al déficit tarifario. Aunque UCE-Andalucía valora positivamente las iniciativas de Industria para abaratar el coste de la luz a las rentas más desfavorecidas como consecuencia del alza de precios que provocará la liberalización del sector a primeros de año, no entiende cómo se están pactando sin contar con los consumidores, parte directamente afectada en todo este proceso.
Desde hace un mes, Ministerio de Industria y eléctricas han iniciado un proceso de debate acerca del llamado déficit tarifario sin contar con los legítimos interlocutores de los usuarios del servicio eléctrico que, por cierto, cuestionan los propios fundamentos y cuantías del mismo. La Unión de Consumidores no tiene constancia de los elementos que conforman este déficit (costes que lo integran, cálculos de los mismos, cuantía total…) y demanda información y participación como requisito inexcusable para debatir los incrementos tarifarios que se están barajando y que la CNE ha llegado a cifrar en un desmesurado 30%.
Aunque el Ministerio de Industria contemple la protección de las familias con rentas más bajas, UCE-Andalucía apuesta por el estudio pormenorizado y detenido de los mecanismos de ayuda. Éstos deben tener en cuenta no sólo la potencia contratada (como hasta ahora hacía la tarifa social) sino también otros mucho más significativos, como el área territorial en la que se encuentre al casa, el número de miembros de la unidad familiar o la renta de los mismos. Según el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía es la penúltima comunidad en renta per cápita (sólo superada por Extremadura) y los criterios utilizados por el momento pueden propiciar desequilibrios y no cubrir las necesidades reales de esas economías más desfavorecidas.
Por todo ello, UCE-Andalucía demandará a la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía que traslade a los órganos de decisión estatales su reivindicación de transparencia en todo este proceso y, sobre todo, la participación de los consumidores en una cuestión, la del déficit tarifario, que les afecta directamente y en la que, de nuevo, se presentan como el eslabón más débil de la cadena.
