¿PARA QUÉ?
– Para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas
fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía europea a la que deben su legitimidad
e incapaces de comprender a qué intereses deben servir las instituciones europeas y los
recursos comunes de los europeos. Tras cinco años de crisis lo único que crece dentro y
fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas
sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz insistencia en políticas fracasadas resulta
inaceptable.
– Para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos
huecos ha terminado. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir
ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y
cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza son la
insoportable realidad del país. Una realidad que, según todos los datos, se agravará día a
día porque continuaremos en recesión económica, las grandes empresas siguen planteado
eres con despidos masivos, continúa la sangría de despidos individuales… El Debate del
Estado de la Nación nos mostró a un Presidente del Gobierno cada vez más alejado de los
problemas de los ciudadanos. De no corregirse de manera urgente y en profundidad ese
distanciamiento puede abocarnos a situaciones como la de Italia, donde las recientes
elecciones han demostrado el éxito de las opciones populistas y el hartazgo de una parte de
la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.
– Para denunciar, con motivo de la conmemoración del día Internacional de la Mujer
Trabajadora el próximo 8 de marzo, las consecuencias que la crisis y las políticas
neoliberales tienen en materia de género: incremento de la brecha salarial entre hombres
y mujeres, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres,
reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la
incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismo que defienden y
apoyan los derechos de la mujer.
– Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación,
dependencia, servicios sociales…) y cualquier reforma unilateral del sistema público de
pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando
nuevamente los derechos de los ciudadanos, y abandonando a su suerte a los actuales y
futuros pensionistas.
– Para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes sobre cualquier
intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa
Popular por la Dación en Pago y la Paralización de los Desahucios que desvirtúe o pervierta
sus principales objetivos.
– Para rechazar la reforma de la ley de bases de régimen local, porque debilitará las
capacidades de actuación de las corporaciones locales, las administraciones más próximas
a las personas, en un nuevo intento de negar financiación para los servicios a los
ciudadanos, mientras convertimos en deudas de todos (tres puntos de déficit público) la
fraudulenta gestión de los directivos de las entidades financieras.
– Para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos
constitucionales de expresión, pensamiento, o manifestación. Exhiben un escalofriante
desprecio a los principios democráticos, quienes pretenden criminalizar a los jóvenes por
manifestarse libremente desde las instituciones que les representan, especialmente si
utilizan como argumento la financiación pública de esas instituciones; con esa lógica
deberíamos eliminar los grupos de oposición de todas las instituciones democráticas cuyo
deber es controlar y discrepar de quienes ejercen las responsabilidades de Gobierno, por
recibir para su función –como es necesario- financiación pública. Condenamos asimismo, la
decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de
orden público, ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones
pacíficas.
– Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que
corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un
peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro
del entramado institucional que surgió de la transición democrática.
– Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las
personas, expulsando a los personas corruptas de la vida pública y acometiendo las
reformas constitucionales que sean precisas.
Por todo esto, las organizaciones que formamos la Cumbre Social convocamos a las trabajadoras y
a los trabajadores y a la ciudadanía en general a las manifestaciones que se celebrarán en las
principales ciudades del país el 10 de marzo.

 

 MOVILIZACIONES Y CONCENTRACIONES PROVINCIALES 10 DE MARZO

CÁDIZ: Manifestación. 12:00 horas. Salida: Plaza Asdrubal. Finaliza: Subdelegación de Gobierno (C/ Barcelona)

ALGECIRAS: Concentración. 12:00 horas. Plaza San Juan de Lima

CÓRDOBA: Concentración. 12:00 horas. Plaza de la Corredera

GRANADA: Manifestación. 12:00 horas. Salida: Puerta Real. Finaliza: Subdelegación del Gobierno

HUELVA: Concentración. 12:00 horas. Plaza de la Constitución

JAÉN: Manifestación. 12:00 horas. Salida: Plaza de las Batallas. Finaliza: Plaza de Santa María

MÁLAGA: Concentración. 12:00 horas. Plaza de la Constitución

SEVILLA: Concentración. 12:00 horas. Puerta Jerez
 

 

Andalucía, 26 de febrero de 2013. A raíz de la detección de carne de caballo en las hamburguesas comercializadas por algunas marcas blancas distribuidas en nuestro país y donde la analítica detectaba la presencia de ADN de equinos la Unión de Consumidores de Andalucía ha solicitado a la senadora Fuensanta Coves,  senadora del PSOE presente en la Comisión de Agricultura de esa cámara, que exija la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que explique con datos e informes la situación real, garantice que no hay peligro y traslade a la ciudadanía una información clara y tranquilizadora.

Y es que países como Alemania ya han anunciado un Plan más estricto incluso que el europeo para atajar el escándalo de la presencia de carne de caballo en alimentos precocinados, que va más allá de la propuesta de la Comisión Europea. Sin embargo, en España no conocemos aún el plan de medidas a adoptar, desconociéndose, para alarma de los consumidores, si los casos a la fecha descubiertos son representativos del alcance de este escándalo o si se trata sólo de la punta de un iceberg de dimensiones inimaginables .

La situación está poniendo de manifiesto la comisión de un claro fraude al consumidor al venderse hamburguesas o pastas rellenas en cuyo etiquetado no se indican sus ingredientes reales. La Unión de Consumidores tiene muy presente que a través del Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, se establece la obligatoriedad de indicar la lista de ingredientes con los que se elabora un producto, exigiendo también esta normativa que se indique el porcentaje o categoría de ingredientes utilizados en la fabricación o preparación de un producto alimenticio, siempre que el mismo sea esencial para definir dicho producto y para distinguirlo de otros con los que se pudiera confundir.

Además, a todas estas situaciones de desconcierto se han sumado las recientes declaraciones de Arias Cañete que contradictoriamente llegó a asegurar que en nuestro país no había productos detectados con carne de caballo sin etiquetar, sin que hayan hecho públicos los informes correspondientes tal y como se le ha solicitado reiteradamente desde diversos sectores. Un posicionamiento ministerial que se ha llegado a computar como una irresponsabilidad al negar que se haya detectado este fraude en España, sin aportar previamente los datos sobre los estudios de los que “supuestamente dispone”, ocultando información a las asociaciones de consumidores y usuarios para deliberadamente quizás proteger ante todo en este caso, a la industria alimentaria infractora.

Con la comparecencia que la Unión de Consumidores ha solicitado a Coves que tramite, la organización cree necesario comprometer al Ministerio en reponer la confianza de los consumidores así como en articular un plan de acción para el estado español orientado a mejorar los controles sobre los alimentos, obligar a los distribuidores a informar de cualquier anomalía detectada en sus productos y elevar contundentemente las sanciones legales a los defraudadores a nivel económico y también penal.