Andalucía, 15 de noviembre de 2012. Habiendo tenido conocimiento de la aprobación en Consejo de Ministros del Decreto-Ley de Protección de los deudores hipotecarios, la Unión de Consumidores de Andalucía quiere manifestar su opinión sobre el mismo señalándolo como insuficiente y carente en su formulación de la necesaria participación social que requería el asunto.

En este sentido, aunque esta nueva regulación supone un importante avance, consideramos que se queda corta a la hora de solventar de una manera decidida todas las reivindicaciones que la sociedad exigía en cuanto a este tema. Así, se trata de un acuerdo alcanzado de mínimos con importantes carencias.

Desde nuestro punto de vista, las situaciones familiares que se recogen nos parecen insuficientes y podrían dejar fuera a muchísimas casuísticas que como organización de consumidores conocemos y atendemos a diario en nuestras oficinas a la hora de solicitarnos asesoramiento en la materia. En base a ello, se debería extender, desde una visión más amplia, al conjunto de la población que pueda ser vulnerable y no exclusivamente a los supuestos tasados en la redacción conocida, como colectivos sociales desfavorecidos.

Igualmente, nos parece negativo que no se haya producido un cambio en la legislación hipotecaria y que no se haya accedido a lo que la propia jurisdicción europea está marcando como situación no ajustada al derecho comunitario, concretamente de la Directiva 93/13.

En principio, nos parece positiva la creación del Fondo Social de Viviendas como bolsa de pisos para alquilar, siendo aportados éstos por la banca. No obstante, habrá que ver los niveles de renta que se fijan al respecto y que, según nuestro entender, deben ser mínimos para que la medida no sea un simple maquillaje.

En definitiva, es un decreto insuficiente que evidencia en sus palpables carencias la falta de participación que el mismo se constata y criticamos desde muchas entidades sociales y ciudadanas. Ya lo indicábamos la semana pasada y el resultado lamentablemente ha sido el que esperábamos.

UCA/UCE solicita nuevamente la regulación de lo que exigimos como solución del problema: la dación en pago. Solo una normativa de obligado cumplimiento para las entidades financieras, y no un Código de Buenas Prácticas voluntario, puede otorgar una mejor posición al interés ciudadano en esta materia.

 Andalucía, 15 de noviembre de 2012.  La Secretaria General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha visitado en Sevilla la sede de la Unión de Consumidores de Andalucía, donde ha mantenido una reunión con el presidente y el vicepresidente de UCA-UCE, Juan Moreno y Miguel Ángel Ruiz Anillo.

En el encuentro, los representantes de las personas consumidoras y usuarias le han trasladado a la secretaria general sus preocupaciones con respecto a cuestiones presupuestarias, sobre todo en lo que se refiere a las dotaciones destinadas a la salvaguarda de los derechos y los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias. Unión de Consumidores considera estas políticas como auténticas políticas sociales, siendo especialmente importantes en un escenario de crisis como el que vivimos en el que muchos ciudadanos y ciudadanas requieren de la ayuda de la federación.

Asimismo, tanto Muñoz como Moreno y Anillo han abordado otras cuestiones institucionales relacionadas con el consumo tales como el desarrollo del I Pacto de protección de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, el impulso de los diferentes órganos de participación en los que están presentes las asociaciones de personas consumidoras andaluzas más representativas o la futura puesta en marcha de un programa para la creación de una red de solidaridad.

Por su parte, la secretaria general ha manifestado su coincidencia y ha reiterado que está en línea con todas las iniciativas planteadas por UCA-UCE Del mismo modo, ha reiterado a los responsables de la organización su disposición a reforzar la actual política de defensa de los derechos de la ciudadanía, para lo que contará con la colaboración y participación de las asociaciones reconocidas para estos fines.