Andalucía, 19  de julio de 2012. La Unión de Consumidores de Andalucía aplaude la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que es ilegal que un vendedor de viajes aéreos incluya por defecto un seguro de anulación de vuelo en la venta de billetes de avión a través de Internet.
En este sentido, sólo puede proponerse un seguro de anulación de vuelo como en suplemento opcional que el viajero tenga que seleccionar expresamente.

En concreto, la sentencia se refiere al litigio entre el portal de viajes «ebookers.com» y una asociación alemana de protección de los consumidores. Ésta llevó a «ebookers.com» ante los tribunales para que abandonara la práctica consistente en incluir por defecto un seguro de anulación en la tarifa aérea. La justicia alemana preguntó entonces al Tribunal de Luxemburgo sobre la interpretación de las normas europeas.

La normativa de la UE  exige que los suplementos de precio deben comunicarse de manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo de cualquier proceso de reserva, y que deban ser objeto de una opción de inclusión.

Este es un ejemplo más de las reclamaciones que la Unión de Consumidores de Andalucía ha efectuado en diferentes ocasiones en cuanto a gastos adicionales sin posibilidad de anulación por parte del usuario. En este sentido, desde UCA-UCE exigimos cambios normativos para que las sanciones por los posibles incumplimientos en esta materia sean ejemplarizantes y eviten que situaciones parecidas a esta sucedan en el futuro.

La Unión de Consumidores de Andalucía, de cara a la temporada de verano, ha abierto todas sus oficinas provinciales con el fin de asesorar y reclamar en nombre de los usuarios que vean que sus derechos se hayan visto vulnerados por las compañías aéreas.

Andalucía, 18 de julio de 2012. En la mañana de hoy, y en presencia del Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha tenido lugar -en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada- la firma del Manifiesto contra el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Liberalización en materia de Horarios Comerciales y promoción de Ventas, suscrito por la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA), las federaciones de comercio de los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía y las federaciones de consumidores UCA-UCE, FACUA-Andalucía y AL-ÁNDALUS.
En dicho manifiesto se defiende el modelo andaluz en materia de horarios comerciales, modelo sostenible que garantiza el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores, y la convivencia de la pluralidad de formatos existentes dando respuesta a las necesidades del conjunto de la población, y contando con el consenso entre la Administración Autonómica y los agentes económicos y Sociales.

Los firmantes entienden que la liberalización en materia de horarios comerciales no aumenta el consumo, sino que traslada las compras del comercio de proximidad a los grandes distribuidores, en detrimento del pequeño comercio. Por ello, teniendo en cuenta que actualmente existe un estancamiento de la demanda, la liberalización de los horarios puede suponer una ventaja para las grandes superficies y la desaparición de pequeños negocios familiares.

Hay que recordar que la Ley de Comercio Interior de Andalucía ya prevé la completa libertad horaria de apertura para los establecimientos de hasta 300 metros así como en las zonas de gran afluencia turística para determinados períodos del año, a lo que se le suman los ocho domingos y festivos con los que actualmente cuentan los establecimientos comerciales, con independencia de sus dimensiones, pudiendo permanecer abiertos al público, por lo que se entienden suficientemente cubiertas las necesidades de compra de los consumidores andaluces.

En cuanto a la promoción de ventas, las medidas aprobadas por el Gobierno de España, como la eliminación de los períodos de rebajas y la menor exigencia de condiciones en relación a los productos ofertados, va a suponer un perjuicio para el pequeño comercio y una minoración de las garantías de las personas consumidoras, lo que generará incertidumbre y riesgos, así como una merma de su derecho a la información en relación a este tipo de ventas, derecho éste recogido en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta liberalización esconde una auténtica desregulación que impide el control de estas prácticas, provoca dispersión, incertidumbre y desprotección y una menor calidad y competitividad en el sector comercial.

En definitiva, las modificaciones aprobadas por el R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio, además de constituir un ataque frontal contra el actual sistema de equilibrio comercial consensuado entre el Gobierno Andaluz y los agentes económicos y sociales andaluces, supone una invasión de competencias que conculca nuestro Estatuto de Autonomía, haciendo caso omiso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Por ello, las organizaciones firmantes apoyan todas aquellas medidas que
el Gobierno Autonómico adopte contra esa regulación, y más concretamente el oportuno recurso de inconstitucionalidad en defensa de las competencias exclusivas en materia de comercio interior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este contexto además se suma la subida de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que afectan al sector del comercio, que mermará el poder adquisitivo de los consumidores y lejos de reactivar la economía, empobrecerá aún más a la población, limitando su capacidad de consumo y perjudicando con ello también la recuperación del sector comercial, lo que conllevará de forma inexorable el cierre de numerosos establecimientos que están resistiendo a duras penas la crisis económica y contribuirá a la consiguiente caída del empleo.

Por todo lo expuesto, los firmantes manifiestan también su rechazo a la subida del IVA aprobada por el Gobierno de la Nación.