Calidad diferenciada
En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de ‘Calidad Certificada’ que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.
En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Con ello se otorga mayor relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector, frente a la actual dependencia arespecto de la Consejería de Agricultura y Pesca. Este departamento se reserva, no obstante, las funciones de tutela sobre los órganos gestores.
Estas novedades supondrán, entre otros cambios, la adaptación a la nueva norma de las actuales denominaciones vínicas recogidas en la Ley de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.
En la vertiente del fomento y la promoción de la calidad diferenciada, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno establece que la financiación de las campañas se vinculará especialmente a aspectos como la inclusión de los productos en la dieta mediterránea o la adecuada información sobre sus propiedades y características relativas a la nutrición saludable.
Finalmente, el texto incluye una serie de disposiciones que suponen el primer paso para el reconocimiento y la posterior regulación específica de las producciones de calidad diferenciada de la artesanía alimentaría andaluza.
La agroindustria andaluza
El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía, con una facturación superior a 14.000 millones de euros, más de 5.000 empresas y alrededor de 52.000 personas empleadas. Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del comercio exterior de la comunidad autónoma, con unos 3.000 millones de euros anuales de saldo positivo. Estrechamente ligada a la actividad agropecuaria y pesquera, la industria agroalimentaria acapara el 19,3% del empleo y el 25,1% de valor añadido del sector industrial en la comunidad autónoma. Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
Por su parte, el sector pesquero agrupa a más de 1.800 empresas y emplea a más de 10.600 personas. Sus capturas anuales se cifran actualmente en más de 70.000 toneladas y un valor de 252 millones de euros. Dentro de este sector, una actividad en alza es la acuicultura, con explotaciones de alto nivel tecnológico centradas en la cría de doradas y lubinas y cuya producción supera ya las 6.000 toneladas. Este aprovechamiento se está diversificando con proyectos como el cultivo de mejillones, lisas, almejas, corvinas, ostiones y otras especies.
Las producciones andaluzas de calidad de ambos sectores se reparten entre 28 Denominaciones de Origen (principalmente de aceite de oliva y vinos) y 23 Indicaciones Geográficas Protegidas. A ellas se suman los más de 2.100 productos pertenecientes a 465 empresas que cuentan con el distintivo Calidad Certificada, así como los de la agricultura ecológica (866.000 hectáreas de superficie en Andalucía, la primera comunidad española en este sector) y las producciones integradas (casi 400.000 hectáreas).
Proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.
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