Demasiados impedimentos y gran complejidad técnica sería nuestra primera valoración a lo que el Gobierno de España ha ido adelantando respecto del nuevo sistema para la facturación de la electricidad que en breve pretende aplicar. Facturar por horas según los fluctuantes precios de mercado es abocar a los usuarios a un sistema inaceptable desde el punto de vista de la legislación de consumo: los usuarios sólo sabrían el precio de la electricidad a posteriori o muy cerca del momento de su consumo, con la incertidumbre que ello genera para gestionar un suministro de carácter básico en el que lo mínimo a tener en cuenta debería ser un precio cierto. Nos someterán a unos precios cambiantes por horas afectados por la volatilidad del mercado eléctrico. Ello supone el riesgo de que, en determinadas fechas de verano o invierno, ello se traduzca en alarmantes incrementos de la factura con diferencias brutales y gran alarma social. Calcular por horas hará casi imposible detectar errores en los recibos, debido a los miles de registros anuales y a las variaciones de precios, situando a los usuarios en un escenario de auténtica indefensión. Tampoco resultará atractiva la modalidad de “precio fijo anual” contemplada. Y es que quienes no deseen tener una factura tan volátil, podrán acogerse a una oferta alternativa anual que publicarán las comercializadoras en su web. Si bien esta oferta tendrá un precio constante durante todo el año, los gestores energéticos independientes apuntan ya que estas tarifas serán más altas que los precios que pagamos actualmente.
En este escenario nosotros seguiremos reiterando la necesidad de realizar una auditoria rigurosa e independiente del sector eléctrico, al objeto de analizar lo acontecido, así como poder conocer de futuro los costes reales del sistema, siendo estos datos hoy, imprescindibles para diseñar de futuro un sistema eléctrico más justo, que ponga fin al denominado déficit tarifario y evite que el mismo siga siendo la excusa para el incremento de la factura eléctrica. Igualmente, y en sintonía con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que considera que la puesta en marcha de la nueva fórmula de cálculo resultará muy “compleja”-, demandaremos la articulación de campañas informativas dirigidas a los usuarios con la necesaria participación de sus organizaciones representativas.
