- La mayoría de los edificios públicos dedicados a la enseñanza en Andalucía presentan importantes carencias en materia de condiciones térmicas y eficiencia y sostenibilidad energéticas.
Andalucía, 15 de mayo de 2018. Esta tarde el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno Rodríguez, ha expuesto ante Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía la opinión de nuestra entidad respecto a la Iniciativa Legislativa 10-17/PPL-000010, Proposición de Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.
En general, Juan Moreno valorado de forma positiva esta Proposición de Ley y los lógicos fines que persigue, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía, especialmente a las de la comunidad educativa. Para ello, y ese es nuestro deseo, la Comunidad Autónoma deberá prever o establecer un plan de inversiones orientado a erradicar las deficiencias en las infraestructuras educativas y garantizar así las condiciones de bienestar de todo el alumnado y el personal educativo, pues una Ley sin dotación presupuestaria sería un brindis al sol. Su aprobación puede representar una solución integral y sostenible a un problema detectado y denunciado por muchas familias y las propias organizaciones de consumidores y usuarios, si bien, antes deberán salvarse, de manera consensuada las duplicidades que pudieran producirse con otros programas o planes ya puestos en marcha. En UCA-UCE somos conscientes de que, lamentablemente, la gran mayoría de los edificios públicos dedicados a la enseñanza en Andalucía, por haber sido construidos en momentos en los que los criterios constructivos eran menos exigentes o, simple y llanamente, por negligencias o falta de presupuesto para dotarlos, presentan importantes carencias en materia de condiciones térmicas y eficiencia y sostenibilidad energéticas.
Además hay que considerar que esta Ley podría también tener otros efectos positivos como, por ejemplo, el que podría generar en materia de creación de empleo y actividad económica en el sector de las energías renovables y las empresas de servicios energéticos, amén de producir el correspondiente ahorro directo en los consumos energéticos que sufraga la Administración.
En cualquier, caso UCA-UCE también ha expuesto que echa en falta alguna alusión en la Ley respecto a la coordinación con las administraciones locales y las asociaciones de padres y madres de alumnos.
